En múltiples ocasiones, el discurso del Presidente de la República nos ha puesto a los antorchistas en primer plano ante la opinión pública nacional; lo ha hecho de tal manera (acusándonos de “intermediarios” y deformando nuestro nombre) y con tanta insistencia (más de 40 ocasiones, ante contingentes reunidos para aplaudirle, y con amplia presencia mediática) que a un observador imparcial y atento no le será difícil concluir que hay una campaña premeditada para deformar intencionalmente la imagen y propósitos del Movimiento Antorchista; hay una reiteración sistemática de acusaciones sin prueba, magnificadas y aderazadas con su propia malicia por algunos medios de comunicación afines o alquilados al gobierno federal, para convencer a la gente de que no somos una gran organización social que ha luchado para agrupar a cientos de miles de mexicanos en su lucha contra la pobreza y por ello ha recibido ataques de políticos de todos los colores, incluido el actual Presidente cuando vestía de amarillo y gobernaba la
Ciudad de México, sino que somos un grupo de “intermediarios” o buscadores de “moches”, aunque tal caracterización tendenciosa omita siempre explicar por qué tal grupo de presuntos facinerosos es el grupo social organizado más numeroso y unido de México y cómo es que gobierna con respaldo popular decenas de municipios que pueden ser mostrados como emblemas de desarrollo y paz social.
Es un buen momento para recordar lo que pensamos los antorchistas sobre el país y sus problemas torales, para responder una vez más a esa campaña lanzada contra nosotros desde el poder económico y político de México, que solo se distingue de otras que hemos sufrido antaño porque no sólo no se oculta la mano presidencial sino que se ostenta y se pone por escrito, lo cual ha servido para que algunos políticos locales, se monten en la postura presidencial, y para “justificar” su negativa a construir obras públicas a colonias y pueblos marginados esgriman un papel con una “circular” firmada por Andrés Manuel López Obrador, que ordena no transferir a organizaciones recursos del presupuesto federal. De nada ha servido que aclaremos que nosotros no recibimos ni queremos recibir apoyos de ningún tipo, pero exigimos obras y servicios para millones de mexicanos que carecen de ellos.
En esa cargada oportunista e ilegal contra el antorchismo empiezan a participar no sólo autoridades emanadas de Morena (no estoy en condiciones de diferenciar si esos políticos pertenecen o no a la categoría de “alimañas”, acuñada por la señora presidenta nacional de su partido para designar a los militantes adventicios que en el 2018 corrieron a subirse al carro de la victoria y fueron recibidos con singular alegría en Morena), sino también algunos gobernantes priistas que, tras bambalinas, repiten y se amparan en el discurso del Presidente de la República para negar obras elementales a la gente que aún gobiernan, como ocurre en Hidalgo, donde el gobernador no se digna siquiera recibir a los peticionarios pero mediante sus funcionarios manda mensajes respecto a que “el Presidente no quiere a Antorcha”, y recientemente en el Estado de México, donde el secretario
de Gobierno reduce el presupuesto estatal para obras públicas a municipios gobernados por Antorcha, confiados en que una embestida en contra de los antorchistas cuenta con el aval presidencial.
Los antorchistas sostenemos que los problemas centrales de México son la desigualdad y la pobreza que eso origina. Pretender que se resuelvan sin atacar su raíz, es una quimera o un burdo engaño. Los gobiernos de México llevan décadas captando sólo alrededor del 13% del Producto Interno Bruto para destinarlo al gasto público, que es un mecanismo eficaz para disminuir la desigualdad usando el poder del Estado, como lo han hecho otros países más preocupados por los estallidos sociales que han padecido a lo largo de su historia o presionados por una sociedad más organizada y contestataria. Ninguno de los gobiernos mexicanos anteriores al de Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto modificar ese porcentaje, mediante el aumento de impuestos a los multimillonarios que, por lo mismo, son “multipoderosos”, aunque se los indique la realidad, la OXFAM y hasta la OCDE (un tímido intento de Enrique Peña Nieto de cobrar impuestos a las ganancias en la Bolsa de Valores en 2014, recibió una descarga mundial de ataques de la que nunca se recuperó y mucho benefició al actual inquilino de Palacio Nacional); pero no nos engañemos, tampoco el actual
gobierno federal se lo propone, al contrario, con timbre de orgullo el Presidente dice que no habrá incremento de impuestos a nadie, que todo saldrá de “la lucha contra la corrupción”, de la que presuntamente se obtendrían 500 mil millones de pesos cada año. Muy bien, suena bonito y es miel para los oídos de varios potentados, pero es falso. No saldrá tal cantidad, pero aunque saliera no podría resolver el problema de la pobreza y la desigualdad que frustra, atropella y ensangrenta la vida de millones de mexicanos. El problema es grande, complejo, involucra una gran fuerza social organizada y consciente y no hay visos de que en eso piensen los actuales gobernantes.
En vez de un llamado a ubicar el verdadero problema, de cohesionar una fuerza que exija equidad y disminución de la concentración de la riqueza, una fuerza que exija que paguen más los que más tienen y de ahí se invierta en los más empobrecidos, es decir, en vez de atacar uno de los pilares del neoliberalismo al que Andrés Manuel López Obrador declaró abolido a partir de ayer (sic), la oferta gubernamental de Morena es ofrecer tarjetas con pequeñas cantidades mensuales, que el sentido común y los análisis estadísticos científicos ubican como totalmente insuficientes y casi simbólicos. ¿Y de dónde saldrán los recursos para fondear esas tarjetas? Todo indica que provendrán de la disminución o cancelación de otros programas que algo ayudaban a los pobres, como los de vivienda, dotación de servicios como agua, luz y drenaje, disminución del gasto per cápita en salud, desaparición de apoyos a pequeños productores agropecuarios, Prospera, etcétera, y del despido de miles de burócratas que son lanzados a la pobreza. La prometida lucha contra la corrupción se convirtió en un plan de austeridad que pagará el mismo pueblo.
Transcurridos más de cien días del nuevo gobierno federal, y tras varios intentos nuestros de que se resuelvan peticiones de obras básicas para colonias y pueblos marginados, una cosa ya es clara: el presupuesto federal fue diseñado para intentar reunir clientela electoral formada por tarjetahabientes que voten por Morena en las siguientes elecciones, y toda solicitud de obras o programas que no sean las que se refieran a las tarjetas que el Presidente agita ante la multitud reunida ex profeso, recibirá una negativa, y una descalificación o incluso una persecución quien insista en ese tema; así se explican, en parte, tantos ataques al Movimiento Antorchista.
Pero las luchas de los pueblos por sacudirse la miseria y los abusos en turno nunca han transitado por caminos sembrados de flores. Los antorchistas lo sabemos desde hace 45 años y no lo olvidaremos en las luchas que se avecinan.
Así que, hoy que acudiremos nuevamente a la Secretaría de Gobernación, volvemos a preguntar, al igual que lo haremos en todos los estados y municipios donde tenemos presencia ¿cuándo empiezan las obras que requieren millones de mexicanos pobres?