CARACAS.-La Contraloría General de Venezuela inhabilitó el jueves al líder opositor Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años, el máximo permitido por la ley, por la presunción de que “ocultó o falseó” datos de su declaración de patrimonio y recibió dinero sin justificar.
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó en enero la Constitución para proclamarse presidente encargado del país acusando al mandatario, Nicolás Maduro, de haberse reelegido el año pasado en unos comicios fraudulentos. El líder opositor tiene el apoyo de decenas de países, incluido Estados Unidos.
En los últimos años, la Contraloría ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a varios líderes de la oposición, como Henrique Capriles y Leopoldo López, quienes han dicho que la medida buscó marginarlos del juego político y que no han cometido ningún ilícito.
Maduro, quien mantiene el control del Estado y de las fuerzas armadas, dice que Guaidó es un “títere de Washington” que sólo busca desbancarlo. La crisis política se ha agudizado en el país petrolero, que sufre de recesión, hiperinflación y escasez de bienes y medicinas.
Según el contralor Elvis Amoroso, quien inició una auditoría en febrero, Guaidó ha realizado más de 91 viajes al extranjero con un costo superior a los 310 millones de bolívares (unos 100.000 dólares) “sin justificar la fuente de ingresos”.
Amoroso dijo, en una declaración divulgada en el canal estatal VTV, que la decisión se tomó “considerando que el diputado Juan Guaidó se ha negado a presentar su declaración jurada (…) ha violado sistemáticamente nuestra Carta Magna (…) ha usurpado funciones públicas y ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela”.
Poco después, en un acto en Caracas, Guaidó desestimó la medida. “No existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar a un Contralor”, dijo.
Amoroso fue designado el año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta sólo por políticos oficialistas y que es desconocida por la oposición debido a la forma en que se realizó la elección en 2017.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por países europeos y latinoamericanos, condenó en Quito la decisión de la Contraloría y dijo que la “restauración de la democracia, Estado de derecho y separación de poderes es urgente” en el país petrolero.
“Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país”, agregó la declaración difundida por la cancillería ecuatoriana.
El grupo, que ratificó su pedido de prontas elecciones presidenciales “libres, transparentes y creíbles” en Venezuela y su compromiso de movilizar más asistencia humanitaria, se volverá a reunir en mayo en Costa Rica.
Guaidó, diputado desde 2016, ha presionado para que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estreche el cerco contra Maduro. Washington ha impuesto más sanciones financieras y ha congelado activos venezolanos en el extranjero.
MGL