Un foco rojo se prendió en las secretarías generales de Gobierno de todas las entidades. En las capitales llegó la noticia como balde de agua helada. Dejó con “cara de what” a varios números dos. También en la oficina de Olga Sánchez Cordero.

Se preparan tarjetas informativas para los 32 titulares, y seguramente ya alertaron al propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los consejeros jurídicos trabajan a marchas forzadas.

Preocupación y duda se respiran en los Congresos locales, y en el Poder Legislativo Federal. Se pide la opinión de juristas destacados, y en varias universidades ya se analiza el polémico asunto.

Las oficinas de “lobbying” y cabildeo sacaron las antenas, y los socios de despachos jurídicos, especializados en controversias constitucionales, se frotan las manos.

En los grupos de WhatsApp que utilizan los gobernadores se escriben sobre el precedente que dejará la extraña decisión del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito, que ordenó a su homólogo José Ignacio Peralta y al Congreso local reponer el procedimiento para designar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Sucede que un grupo de abogados se ampararon por las propuestas enviadas por el mandatario. Viva el disenso, la discrepancia y la discusión.

Inclusive la crítica y la oposición, pero ¿acaso el gobernador de Colima violó alguna norma, fue más allá de sus prerrogativas o abusó del poder?

¿Acaso los diputados cometieron una ilegalidad? Tampoco, recibieron la terna para las magistraturas y la Cámara tendría que definir.

Dice el Tribunal que “se vulneran los derechos humanos, porque no hay un procedimiento en donde se analicen más perfiles o puedan participar por ese cargo quienes reúnan las aptitudes para el mismo”.

No hay igualdad de oportunidades, dice el Colegiado. Entonces, bajo esa tesis jurídica, vaya preparando sus amparos para quejarse de que no nos tomen en cuenta para las chambas de: embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

También hagamos rollo y mitote por los nombramientos de coronel y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Claro, opongámonos que no incluyeron a nuestros amigos que cumplen los requisitos para fiscal general de la República.

¿Cómo ve si nos organizamos para que lluevan amparos cuando se decidan los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Junta de Gobierno del INEGI, los tribunales agrarios, y por qué no, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica?

Lo que queda claro es que desean el poder, la fuerza que otorga y el manejo del presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa en Colima.

¿Qué poderosos intereses llevaron al un Tribunal Colegiado a determinar dicha resolución? ¿Quiénes están atrás de esta histórica y absurda decisión del ponente José David Cisneros Alcaraz y de sus colegas Martín Ángel Rubio Padilla y Joel Fernando Tinajero Jiménez? ¿Habrá dinero de por medio o una cantidad considerable dirigió el sentido final de la sentencia?

Seguramente tendrá que pronunciarse el ministro presidente a nombre del máximo tribunal del país, a la sazón de representante y administrador de la Corte. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea apenas tomó posesión del Consejo de la Judicatura el 2 de enero de 2019 y ya tiene, seguramente, un expediente para su estudio en su escritorio.

En el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) urge que lleguen las luces jurídicas para saber qué hacer, porque en los próximos días otros tantos mandatarios enviarán ternas a sus congresos, y no quieren que les salgan con la misma faramalla.