El primer trimestre del actual sexenio ha sido uno de los más violentos en los últimos años, y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre pasado, se registraron 2 mil 875 homicidios dolosos, en enero 2 mil 853 y en febrero fueron privadas de la vida 2 mil 796 personas, un total de 8 mil 524 víctimas.
Por ello, la apuesta del Gobierno Federal es convertir, en los hechos, a la Guardia Nacional en una Súper Policía que, además de vigilar todas las instalaciones federales del país, podrá realizar operativos encubiertos, tendrá que salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los mexicanos; deberá colaborar con estados y municipios; hará detenciones, investigaciones, informes; tendrá que colaborar con protección civil, y disuadir manifestaciones, entre otras funciones.
En la primera etapa de esta nueva corporación habrá 40 mil elementos de las policías militar y naval que pasarán al ámbito civil y se espera que para finales de 2019, la Guardia esté integrada por 80 mil elementos, que parecieran insuficientes ante a un fenómeno que no sólo ha incrementado, sino que además ha evolucionado en su modo de operar.
La Guardia Nacional, también podrá colaborar con los estados y municipios que la requieran, siempre y cuando paguen sus respectivos servicios, y es justo ahí, a nivel local, donde se comenzará a percibir el cambio que los mexicanos esperamos.
Y es que no sólo se trata de contrarrestar los homicidios dolosos para cambiar las cifras que tanto molestan al Presidente; a los mexicanos, nos interesa que se terminen los asaltos en la calle y en el transporte público y que podamos ir a trabajar y a estudiar sin la preocupación de ser víctimas de la delincuencia.
La conformación de la Guardia está en proceso y el poder Legislativo ya analiza las leyes complementarias para su operación y que entre sus novedades regula el uso de la fuerza, y se crea un registro de detenciones, es decir, que por fin habrá una base de datos compartida de los delincuentes para todo el país.
Ante las cifras alarmantes, más allá de regateos, los senadores y diputados deberán anteponer el interés general y otorgar al Gobierno las herramientas para combatir a la delincuencia, y entonces sí, comenzar a hablar de resultados.
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Y en Pregunta sin ofensa:
¿Debe el Gobierno dar marcha atrás a su reforma educativa, ante la presión de la CNTE?