MAPASTEPEC.- Ante la presión de Washington, México está dando marcha atrás en su promesa de dar un mejor trato a migrantes centroamericanos, dejando a cientos varados en campos insalubres cerca de su frontera sur y alentando acusaciones de detenciones irregulares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un trato más humano cuando asumió el cargo en diciembre. Su gobierno de izquierda emitió miles de visas humanitarias de un año de duración en enero, dando a los migrantes acceso legal a trabajos y el derecho de cruzar el territorio hacia Estados Unidos.

Sin embargo, sorprendidos por el aumento de migrantes, el gobierno de López Obrador está recurriendo a viejas tácticas basadas en una aplicación más dura de la ley.

México ha suspendido la política de otorgamiento de visas y las detenciones de migrantes que se dirigen al norte han aumentado, según datos del gobierno, tras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el aumento en febrero de solicitantes de asilo que llegaron a la frontera estadounidense.

Trump, quien se espera que haga de la seguridad fronteriza el centro de su campaña a la reelección en 2020, ha prometido limitar el comercio con México si el país no ayuda a frenar la inmigración. El gobierno de López Obrador ha dicho que no reaccionará ante las “amenazas”.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con la política mexicana que pidieron no ser identificadas dijeron que la presión casi diaria de Estados Unidos había llevado a las Secretaría de Gobernación y a la cancillería a presionar al Instituto Nacional de Migración (INM) para que tome medidas más estrictas.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Los datos no divulgados del INM, revisados por Reuters, mostraron que detuvo a 12,746 inmigrantes indocumentados en marzo, un aumento de casi un tercio desde febrero y dos tercios desde enero.

La agencia también suspendió su programa de visas humanitarias el 28 de enero, después de emitir unas 13 mil la mayoría a centroamericanos que llegaron ese mes al estado fronterizo de Chiapas, el sitio de la mayoría de los cruces.

En febrero se emitieron algunas visas, pero ninguna desde entonces, dijo un funcionario del INM en la Ciudad de México, quien no estaba oficialmente autorizado para hablar con la prensa y pidió permanecer en el anonimato.
El INM dijo en un comunicado que sigue abierto a la emisión de visas humanitarias, dando prioridad a mujeres, niños y ancianos.

En Chiapas, la decisión del INM de cerrar su oficina principal en la ciudad fronteriza de Tapachula hace un mes ha forzado a cientos de migrantes a trasladarse 105 kilómetros al norte, a la pequeña Mapastepec, donde han languidecido bajo temperaturas sofocantes esperando visas humanitarias.

 

 

“Es una locura que nos estén haciendo esperar tanto tiempo. ¿Para qué? ¡Para nada!”, dijo Daisy Maldonado, una joven hondureña de 26 años que acampa en un terreno en Mapastepec frente a un estadio deportivo.

Cientos de hombres, mujeres y niños se han refugiado durante casi tres semanas dentro del estadio, mientras funcionarios de migración registraban sus identidades pero descuidaban a un grupo que acampaba sobre la carretera, dijeron activistas de derechos humanos y migrantes.

Sin agua, sin ayuda médica ni atención del gobierno, el grupo de Maldonado dependía de las escasas limosnas que le daban los lugareños, según dijeron miembros del grupo. La hija de Maldonado, Marisol, de cinco años, lloraba de hambre a su lado, en un campamento que había construido con ramas de palma secas.

Una coalición de 14 grupos de derechos y ayuda que operan en Chiapas consideran que la aglomeración de migrantes varados como una “crisis humanitaria”.

“El Estado mexicano está respondiendo con prácticas igual de represivas que lo hizo el gobierno anterior en términos de política de control de detención y deportación pero de una manera aún más desordenada”, dijo Salva Lacruz, un coordinador de Fray Matías de Córdova, un grupo migrante que opera en Chiapas.

El comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, dijo en una entrevista reciente que la oficina estaba adoptando un enfoque más “estricto” en el sur de México debido a la afluencia de migrantes en Chiapas. Sin embargo, negó que fuera una respuesta a la presión de Estados Unidos y dijo que México seguía adelante con políticas migratorias más humanas.

CRISIS HUMANITARIA

Funcionarios del INM dijeron que cerraron la oficina regional en Tapachula el 15 de marzo, luego de que migrantes cubanos irrumpieron en las instalaciones enfurecidos por la falta de respuesta. Grupos de derechos humanos y migrantes cuestionan la explicación.

El cierre creó un cuello de botella de solicitantes de visas, cientos de los cuales se dirigieron hacia Mapastepec, donde el sábado, el INM interrumpió repentinamente la inscripción en el estadio del lugar y dijo que los migrantes tendrían que esperar al menos un mes más.

El INM dijo que el trabajo se había interrumpido después de que algunos migrantes causaron disturbios que obligaron a la policía a intervenir y que el registro continuaría en otro lugar, sin dar detalles.

Incluso aquellos que se habían inscrito en el estadio no habían recibido ninguna indicación del INM sobre si recibirían o no visas, casi dos semanas después de haber sido procesadas, dijo Silvia Rodríguez, una hondureña de 26 años de edad.

A pesar de la incertidumbre, muchos migrantes prefirieron esperar su estatus legal antes de continuar su viaje en caravanas. Los que viajan solos y sin papeles en México son presa frecuente del crimen organizado, además de correr el riesgo de ser detenidos o extorsionados por la policía.

Erick Morazán, un hondureño de 28 años, dijo que viajó a Mapastepec de noche con un grupo de otros migrantes para evitar las redadas de los funcionarios de inmigración, en lo que llamó una “caravana de zombis”.

“Migración nos agarra como cerdos”, dijo Morazán, quien viaja con dos niños.

En un esfuerzo por frenar la acumulación de migrantes en Chiapas, el INM dijo este mes que los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala podrán registrarse para obtener visas a través de los consulados mexicanos en sus países de origen a partir de finales de mayo.

HACINAMIENTO EN CENTROS DE DETENCIÓN

Pese al cierre de oficinas en Tapachula, sigue abierto un centro de detención en el lugar. El aumento de las detenciones en la zona fronteriza ha llevado a que el lugar albergue 1,700 personas, dijo el colectivo de derechos humanos en su informe.

Eso es casi el doble de su capacidad y el doble de la cantidad habitual, según el grupo de migrantes Fray Matías, que monitoriza el centro.

El colectivo reportó ojos morados y magulladuras entre los detenidos que, según dijo, fueron el resultado de golpizas por parte de la policía que entró al centro para controlar un disturbio la semana pasada. Reuters no pudo verificar esto de forma independiente.

Representantes de las fuerzas de seguridad mexicanas no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

Lacruz dijo que al menos 30 migrantes habían sido detenidos irregularmente en el centro de Tapachula a pesar de haber solicitado asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en contravención de la ley mexicana.

 

El INM no respondió a solicitudes de comentarios sobre las denuncias de hacinamiento y detenciones irregulares.
El instituto dice que los migrantes que se encuentran en sus instalaciones no son detenidos, sino que simplemente son retenidos para su procesamiento, pero grupos de derechos humanos y migrantes dicen que no tienen libertad para salir, a menudo durante días o semanas.

Muchos inmigrantes indocumentados también son deportados después de ser procesados en los centros. México envió a unos 60 cubanos de regreso a la isla este mes ya 204 hondureños a casa el sábado..
Richard Pioenza, ciudadano estadounidense originario de Cuba, dijo que su esposa Yildiz Gómez había estado retenida más de 20 días en el centro a pesar de tener documentos que demostraban que había solicitado asilo.
“Adentro (…) no están comiendo bien”, dijo Pioenza sobre las condiciones en el centro; están “durmiendo en el piso”, subrayó. Reuters no pudo contactar a Gómez directamente.

Pioenza dijo que su esposa solicitó el estatus de refugiada después de llegar a México en marzo para facilitar su paso a la frontera con Estados Unidos, donde planeaba solicitar asilo por la represión política en Cuba.

Después de una solicitud de Reuters para verificar la situación de Gómez y otros cinco casos de presuntas detenciones irregulares, la agencia mexicana de refugiados dijo el lunes que enviaría un equipo al centro.

 

MGL