El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, expresó mediante su cuenta de Twitter que el aborto es una drama que viven niñas, adolescentes y mujeres de todos los estratos sociales, y añadió que el criminalizarlas es una profunda injusticia social, lo cual no respeta su dignidad, así como sus derechos humanos, sino que también desprecia su valor como persona.
Al respecto, el presidente de la Corte escribió un artículo titulado El derecho fundamental a interrumpir el embarazo, el cual fue publicado en el diario Milenio, y a través del cual señaló estar convencido de que, para respetar tales derechos, es necesario que se permita el aborto legal y seguro cuando la salud de la mujer se encuentra en riesgo.
Y agregó que el aborto debe permitirse cuando el embarazo se haya concebido en contra de su voluntad, cuando el feto no sea viable, o ante cualquier otra razón, pero que pertenezcan exclusivamente al fuero interno de la mujer.
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, diversos colectivos y activistas feministas se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional por el derecho a decidir sobre la educación sexual y los medios de prevención, así como en defensa del aborto legal, seguro y gratuito en el país.
Desde hace 32 años, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos (WGNRR, por su siglas en inglés) proclamó el 28 de mayo dicho día como recordatorio para abordar y prevenir las múltiples causas de enfermedades y muertes que afectan a las mujeres.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expresó mediante su informe Maternidad o castigos. La criminalización del aborto en México que, a pesar de que actualmente en todas las entidades federativas del país existen diferentes motivos por los cuales las mujeres podrían interrumpir legalmente un embarazo, añadió que la realidad es que persisten obstáculos a este acceso, así como disparidades regionales.
Mencionó que, en general, la regulación del aborto en México es restrictiva, y que la única causal legal que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
“De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM-046 (violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención) se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación”, refiere el documento.
NUMERALIAS:
– 32 entidades lo permiten en caso de violación
– 23 estados por peligro de muerte hacia la mujer
jhs