El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, compareció ayer ante los diputados integrantes de las Comisiones de Radio y Televisión y de Economía, Comercio y Competitividad, debido a presuntos conflictos de intereses -e incluso faltas procedimentales- por el caso de la fusión de Disney con la firma Fox.
Georgina Kary Santiago Gatica, jefa de la Unidad de Competencia Económica del instituto, estuvo a cargo del asunto, mientras que uno de los abogados de Disney es el ex comisionado del propio IFT, Ernesto Estrada; por ello, y debido a que entre ambos había una relación de amistad, se presume un conflicto de interés, señaló la morenista Erika Mariana Rosas, secretaria de la Comisión de Radio y Televisión.
La legisladora recordó que, previo a la fusión, Santiago Gatica otorgó un contrato por asesoría al despacho de SAI Consultores, donde colabora Ernesto Estrada, por tres millones de pesos.
Además, le cuestionó que el instituto autorizara que el administrador independiente para garantizar que Fox siga funcionando para su venta -lo que era una exigencia para la fusión- fuera una persona que guarda un íntimo conflicto de interés con Disney, ya que trabajó 25 años en esa empresa: Benjamín Pyne.
Ante esto, la diputada preguntó a Contreras si ya había reportado todas esas irregularidades a la nueva titular del Órgano Interno de Control, Gricelda Sánchez, recientemente nombrada por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Contreras se limitó a decir que no le constaba acto de corrupción alguno, y que, en su caso, a quien le conste debería denunciarlo.
Para los legisladores, el caso no ha sido investigado y no es del interés de Gabriel Contreras que se indague al respecto. Erika Mariana Rosas dejó claro que, si era necesario, desde el Poder Legislativo denunciarían los hechos.
Los diputados Simey Olvera Bautista, de Morena, y Pablo Angulo, del PRI, de la Comisión de Radio y Televisión, señalaron que el instituto compartió información sensible sobre el análisis y resolución de la fusión con un órgano extranjero, el CADE, de Brasil, cuando la ley se los prohíbe.
LEG