Son falsos y malintencionados los hechos que refiere la nota publicada en este medio, el 9 de junio de 2019, referente a mi aprehensión y libertad, por lo que es mi deseo realizar las siguientes precisiones:

 

Mi caso judicial no se refiere de modo alguno a delincuencia organizada como maliciosa, y falsamente lo publican distintos medios de comunicación, sino a hechos de carácter civil que con influyentismo y abuso de autoridad de servidores públicos de la fiscalía -quienes ocupan su encargo para servir a los intereses de abogados que presumen de amistades en la fiscalía metropolitana con el fin de crear casos inexistentes- han transformado el caso en un asunto penal, cometiendo en mi perjuicio toda serie de atropellos en clara violación a mis garantías individuales.

 

Mi libertad se derivó estrictamente de las obligaciones que impone la ley a las autoridades para los delitos patrimoniales, y es consecuencia de una medida cautelar que deben imponer los jueces como corresponde al nuevo Sistema de Justicia Penal. La libertad bajo fianza no existe desde 2016.

 

La carpeta de investigación que se tramita en mi contra por un inexistente delito de fraude fue integrada sin que fuera yo citada por el Ministerio Público para que pudiera ejercer mis derechos de audiencia y defensa, garantías que nuestra Constitución Política otorga a todo gobernado.

 

Se integró, además, bajo absurdos y falsos argumentos en claro abuso de autoridad. Basta revisar el expediente para apreciar el deshonesto actuar de los servidores públicos con el objetivo de armar un caso que, en circunstancias normales y de justicia, nunca debió pasar a la esfera judicial, y cuando mucho, habría dado lugar a citarme para escuchar la imputación del Ministerio Público en mi contra, como lo ordena la ley en este tipo de hechos.

 

Contrario a ello, gracias a esas “amistades” fui detenida con la única finalidad de ceder a las pretensiones económicas ilícitas de quienes deponen en mi contra. Después de un día de estar ilegal y arbitrariamente presa y por circunstancias estrictamente legales y sin influencia alguna, el juez que conoce el caso ordenó que mi procedimiento se siguiera en libertad. Así lo impone la ley; nada ni nadie más. Por lo que defenderme bajo esas circunstancias obedece estrictamente a un acto apegado a la ley, como quedó evidenciado con los datos de prueba que obran en el expediente.

 

Reitero, el delito de fraude en la legislación penal y por el que fui detenida impide la prisión preventiva, y tampoco da lugar a la orden de aprehensión que -mediante mentiras y supuestos ilícitos- funcionarios de la Fiscalía General del Estado obtuvieron del juez penal.

 

La nota publicada es una muestra y reflejo de las acciones en mi contra dentro de la carpeta de investigación, además de tendenciosa, pues baste darle una simple lectura para percatarse de que la misma nunca ha estado integrada por delitos graves, y mucho menos de delincuencia organizada.

 

Pero en algo concuerdo: se deben acabar los actos de influyentismo y corrupción en los tribunales del país. Hoy me toca sufrirlos al verme apresada injustamente, y lejos de que los mismos cesen, quienes no lograron mantenerme presa como una forma de extorsión para obtener un lucro económico improcedente e ilícito, ahora pretenden mediatizar su frustración, satanizando a quien cumple con su deber legal.

 

¡Esos tiempos en México deben desaparecer en la 4T!

Es ante los tribunales donde se demostrará la verdad.

LEG