Una juez de Control giró orden de aprehensión en contra del ex Tesorero del Gobierno de Javier Duarte, Tarek Abdalá, por abuso de poder debido a diversas irregularidades en cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas en contra del ex funcionario, señalado de participar en desvíos de recursos por 453.6 millones de pesos, correspondientes a cuotas sindicales, cuyo paradero se desconoce.
Tarek Abdalá es uno de los cinco ex funcionarios del Gobierno de Duarte señalados y cuya solicitud de orden de aprehensión fue formulada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Distrito Judicial de Xalapa.
La causa penal 255/2018 menciona por estos hechos, a Antonio Gómez, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Arnulfo García, tesorero de la misma; José Francisco Díaz, ex subdirector de operación financiera de Sefiplan, y Carolina Estrada, ex subdirectora de la Tesorería estatal.
El SSTEEV promovió la denuncia, en virtud de que la administración de Duarte dejó de dar cuenta a los afiliados, de préstamos por Seguro Social del magisterio, crédito a farmacias y electrodomésticos.
Como se recordará, Tarek Abdalá es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso de presunto desvió de recursos del ex secretario de Finanzas de Veracruz, Fernando Charleston Hernández.
Abdalá fue Tesorero en la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, fecha en que solicitó licencia al Congreso local para dejar el cargo ante las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que había en su contra.
Desee octubre de 2016 estuvo prófugo y fue hasta el 15 de abril de 2017, cuando el ex gobernador veracruzano fue detenido en Panajachel, Guatemala y el 17 de julio de ese año fue traído a México.
A la fecha, el ex gobernador veracruzano se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y pugna una condena de nueve años.
LEG