Los alcaldes de Miguel Hidalgo, Victor Hugo Romo, y Álvaro Obregón, Layda Sansores, presentaron una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de modificar las leyes de Desarrollo Urbano, de Extinción de Dominio y el Código Penal, para que quienes violenten clausuras o sellos de suspensión en obras y establecimientos sean sancionados penalmente, y no sólo de forma administrativa.
En una conferencia de prensa conjunta, aseguraron que en el caso de las obras, si existe una clausura definitiva y la constructora aún así construye un piso más o continúa los trabajos y termina la construcción, se tendría que iniciar el proceso de extinción de dominio.
“Con esto se obligará a los sancionados a cumplir las determinaciones de la autoridad en tiempo y en forma, y también se genere una mayor responsabilidad social y cuidado del entorno”, resaltó Romo.
Al respecto, la alcadesa Sansores indico que en Álvaro Obregón se han suspendido alrededor de 171 obras, sin embargo, “ahí no acaba el tormento, cuando se logra poner el sello (…) ni siquiera se considera un delito arrancar los sellos (de clausura) o muchas veces los dejan intactos, ni siquiera los mueven, pero ellos (los constructores) siguen trabajando”.
La funcionaria destacó que para demostrar al Instituto de Verificación Administrativa sobre estos casos, “tenemos que agarrarlos en flagrancia, en el momento en que el obrero, el trabajador esta construyendo; pero son tan hábiles que levantan altas tapias, bardas, cubren y no se alcanza a ver si hay actividad”.
LEG