El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal presentará mañana ante la Comisión Permanente una iniciativa para tipificar como delitos graves el uso de programas sociales con fines electorales. Quien cometa este ilícito será sujeto de prisión preventiva oficiosa. Con los cambios legales que propone Monreal Ávila se establece: Sancionar con prisión de tres a ocho años y de 300 a 600 días de multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. Además, se propone establecer una pena de cuatro a nueve años de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.
DIPUTADA ADELA PIÑA AVANZA EN EL ANALISIS DE PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA EDUCATIVA
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña ya se encuentra trabajando en la construcción de las leyes secundarias de la reforma educativa que tendrán que estar listas antes de que inicie el siguiente ciclo escolar, es decir a principios de agosto. Piña Bernal, celebró una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales promoventes de iniciativas en esta materia para analizar las propuestas que hay sobre la mesa y las derivadas de los foros que se celebraron hace unas semanas. “La idea es recuperar las propuestas en razón de la construcción de las leyes secundarias; de la ley general de educación, la del sistema para la carrera de las y los maestros y la del organismo para la mejora continua de la educación”, agregó. Durante la reunión, los diputados de Morena,Erik Isaac Morales Elvira, Arturo Roberto Hernández Tapia, Araceli Ocampo Manzanares, María Eugenia Hernández Pérez, Carmen Patricia Palma Olvera, Irán Santiago Manuel y Marivel Solís Barrera presentaron sus propuestas y se comprometieron a legislar por el bien de la niñez y juventud mexicana por encima de sus intereses partidistas. Piña Bernal explicó que se tocaron asuntos fundamentales relacionados con el impulso a la educación científica y avanzar hacia un modelo de educación tecnológica; la obligatoriedad del dominio de lenguas extranjeras; de becas nacionales e internacionales, de los centros de educación continua, de la erradicación de la violencia en los centros educativos, de la educación indígena, las escuelas normales, entre otros.
DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI REPRUEBA DESMANTELAMIENTO DE LA POLICÍA FEDERAL
Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI, salió a la defensa de los policías federales inconformes por su traslado a la Guardia Nacional, al afirmar que “no son floreros que puedan ser llevados de una sala a otra”. La diputada federal lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se caracterice por destruir instituciones como es el caso de la Policía Federal. “Pero, es un gobierno que se ha caracterizado por destruir, hasta el momento ha sido muy eficaz en ello y la parte de la construcción aún ni siquiera asoma y eso es obvio les preocupa cada vez más a extensos grupos de la sociedad mexicana que, se preguntan ¿qué si bien las acusaciones de corrupción y de dispendio del pasado se necesitan corregir?, no por ello significa destruir instituciones”. La priísta reprobó que este gobierno carezca de un diagnóstico preciso de lo que implicaba la fusión del Ejército, la Marina y la Policía Federal para crear la Guardia Nacional. “Las personas que integran las corporaciones de Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal no son objetos o, para usar la palabra de moda no son floreros que puedan ser trasladados de una sala a otra sin que haya consecuencias. Estamos hablando de seres humanos y estamos hablando también de derechos laborales adquiridos y de expectativas. Pertenecer a la Policía Federal era una carrera de vida y ahora se está presentando una alternativa distinta. Pero, además cómo pueden estar tranquilos quienes de parte del propio presidente de la República han recibido el calificativo de corruptos y pertenecientes a una corporación corrupta”. La expresidenta del PRI reprobó que se esté ahora en un proceso profundo de desinstitucionalización de la gestión pública.
DIPUTADA MARGARITA FLORES PREOCUPADA POR RECORTES PARA PROMOVER EL DEPORTE
Muy atenta y participativa estuvo la diputada del PRI, Margarita Flores durante la comparecencia de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara. La legisladora manifestó su preocupación por los recortes en los recursos de la institución y en este sentido recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se estableció dentro del Ramo 11, destinar 958 millones de pesos para el programa de cultura física y deporte Otros 200 millones de pesos de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados para el mismo programa, así como los 560 millones para la atención del deporte para reforzar la masificación de la actividad física, recreativa y deportiva que resulte en un desarrollo humano e integral, según se lee en el Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, la legisladora cuestión: ¿cuánto presupuesto destinará la Conade para cumplir con los premios estatal y nacional del deporte, así como el premio nacional al mérito deportivo? ¿Cuáles son los avances de la armonización y en su caso modernización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, el Renade. A este y a otros cuestionamientos respondió Ana Gabriela Guevara Espinoza. La funcionaria afirmó que no hay reducciones de becas para los atletas, sino ajustes, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidiera expedientes de deportistas que no acreditaban la vialidad de las solicitudes de apoyos económicos. Añadió que la ASF también solicitó a la Conade aplicar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios de las unidades de becas. “Eso fue lo que desató un malestar en redes por parte de los atletas. No es un criterio personal, no es una indicación de la actual administración, es una solicitud expresa que hizo la ASF”. Ana Gabriela Guevara relató que la Auditoría detectó 18 pagos sin expedientes no autorizados, que ascendían a un monto de 668 mil pesos, cinco apoyos duplicados entre becas Conade y apoyos ordinarios de Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), con un monto de 104 mil pesos y con un daño al erario 772 mil 300 pesos.
SENADOR ERANDI BERMÚDEZ PIDE UN EXTRAÑAMIENTO CONTRA EL PRESIDENTE POR AMENAZAR QUE DARÁ NOMBRES DE LOS JUECES QUE OTORGARON AMPAROS CONTRA EL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA
La bancada del PAN en el Senado solicitará se haga un extrañamiento al presidente por amenazar que hará públicos los nombres de jueces que otorgaron amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Erandi Bermúdez, vicecoordinador del grupo parlamentario, declaró que el Ejecutivo Federal ya le gustó amedrentar a quienes evidencian o fallan en contra de las irregularidades en las que incurre su administración. Lamentó que ataque y amenace con evidenciar a los juzgadores que abrieron procesos contra diversas obras prioritarias de su gobierno, sin reconocer que esos fallos obedecen a que su administración no tiene los estudios técnicos necesarios para realizarlas. “Debe de haber un extrañamiento del Senado de la República al Ejecutivo. El presidente debe de respetar las resoluciones del Poder Judicial. Rechazamos que diga que el presidente que existen intereses creados. Los juzgadores de justicia tienen un órgano que los regula, el Consejo de la Judicatura, no es el presidente. Y nos queda claro, el presidente todo aquello que no es su favor, alguien está en su contra y no es así, él no está por encima de ningún otro poder y con una ligereza denosta, juzga, denigra y contrapone a los ciudadanos en contra de alguien que no piensa como él”. Consideró que sí el gobierno federal cumpliera con todos los requisitos para los proyectos, como afirma, los jueces desecharían las impugnaciones. Argumentó que es contrario a la legalidad que El ejecutivo presione indebidamente a los jueces. Insistió que el presidente debe respetar la autonomía y las resoluciones del Poder Judicial y, en caso de no compartirlas, echar mano de los recursos previstos en la ley.
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