Si en algo habría que dar la razón al nuevo Gobierno sería en el estado de descomposición en el que recibió las estructuras encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad pública, que, desde hace más de 30 años, se han visto rebasadas por las organizaciones criminales.
Se ha puesto de moda iniciar las conversaciones con lo que acontece en torno a la violencia, y no es para menos si uno revisa las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo a este órgano autónomo, en los primeros seis meses de esta administración se han incrementado los homicidios (6%), el secuestro (13%) y la extorsión (34%), lo que se ha traducido en un inevitable aumento de la percepción de inseguridad.
Un primer análisis, simplista y de corto plazo, nos llevaría a señalar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el único responsable de esta crisis. Sin embargo, habría que ir más allá de estos seis primeros meses de administración para entender el origen de esta realidad.
Hemos casi culminado el primer cuarto de este nuevo siglo, y México no ha logrado construir instituciones sólidas que garanticen condiciones mínimas de seguridad y la aplicación de la ley. Los cambios en los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública, así como la modernización de los cuerpos militares y de los aparatos de inteligencia han llegado tarde y bajo una serie de resistencias que han permitido al crimen organizado ocupar los vacíos que el Estado ha generado.
Cada administración -federal, estatal o municipal- arranca sus funciones con diferentes planes y programas para combatir al crimen. México es, sin duda, uno de los países más diagnosticados en esta materia: candidatos, gobernantes, legisladores, académicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales tienen, cada uno, su propia visión del problema y su respectiva propuesta de solución.
Algo ha sucedido en estas últimas tres décadas que, pese al cúmulo de iniciativas, ninguna ha llegado a buen puerto. Asaltos en la vía y transporte públicos, robo a casa, secuestro, homicidios, abuso sexual y extorsiones son los principales delitos que forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, sin tomar en cuenta otros ilícitos más sofisticados como el narcotráfico, el tráfico de armas, falsificación, trata y robo de gasolinas.
Las propuestas promovidas por este Gobierno parecen no diferenciarse de lo ya conocido en el pasado. Ese mismo pasado que le heredó, nadie podrá negarlo, una creciente e inaceptable inseguridad.
Segundo tercio. La reunión entre el canciller Ebrard y su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, representó el restablecimiento del canal de diálogo directo con el Departamento de Estado, por mucho tiempo encauzado a través de la Casa Blanca. Sirvió, asimismo, para que México pusiera en la mesa temas de interés para nuestro país como el combate al tráfico de armas y la restitución de los bienes del Chapo Guzmán.
Tercer tercio. ¿Imaginó algún día Gonzalo Hernández Licona que sus verdugos surgirían de la 4T? Y se quejaba de quienes, hace poco, buscaron mejorar los métodos para medir la pobreza y darle mayor credibilidad al Coneval, institución de la que fue defenestrado.
LEG