Las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario acumularon, al menos, 5 mil 230 millones de probables daños a la Hacienda Pública durante las gestiones de Rosario Robles Berlanga, entre 2012 y 2018.

La ex integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto está citada a comparecer mañana jueves ante un juez federal a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, por un presunto ejercicio indebido del servicio público, un proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de la Estafa Maestra.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que, además de la Estafa Maestra, existieron otras irregularidades durante la administración de Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En Sedesol, entre 2013 y 2015, la ASF descubrió irregularidades por 3 mil 175 millones de pesos, relacionados con la Cruzada contra el Hambre; operación de programas como las pensiones a adultos mayores, presupuesto a estancias infantiles, seguro para Jefas de Familia o migrantes.

Los reportes de la Auditoría son anuales y los montos acumulados se consideran como posibles daños a la Hacienda Pública. A partir de la presentación de los informes, las dependencias tienen 30 días para solventar las observaciones, en caso contrario, se tiene la facultad de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

En el caso de Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, desde 2017 se informó que en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) existían denuncias por probables desvíos de recursos.

En agosto de 2015, la Robles Berlanga asumió la titularidad de Sedatu, los reportes de la ASF entre 2016 y 2018, dan cuenta de probables desvíos por al menos dos mil 55 millones de pesos.

Las fiscalizaciones reflejan que los mayores montos se dieron en cuentas por pagar a proveedores, desde insumos que se compraron y no existen, hasta obras incompletas, así como irregularidades en la dispersión de apoyos para la reconstrucción de viviendas derivado de los terremotos de septiembre de 2017.

 

Da batalla para liberar sus cuentas

Por: Daniela Wachauf

Tras el congelamiento de las cuentas de Rosario Robles, investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio indebido del servicio público, su defensa legal manifestó que no sólo interpondrán amparos, sino todo el bagaje de elementos jurídicos.

Julio Hernández, abogado de la ex funcionaria, dijo a 24 HORAS que buscan detener el congelamiento de las cuentas y que en el menor tiempo puedan regresar a la normalidad.

Resaltó que siguen enterándose de las investigaciones por la prensa -como fábricas de estafa donde supuestamente falsificaban firmas- y que hasta este momento no han sido notificados de forma oficial de esa investigación.

“El Ministerio Público envió al juez la solicitud de citación para Rosario y en teoría todas las pruebas las debería realizar el Ministerio en esa sede judicial, y sin embargo sigue actuando por sí mismo. Seguimos nosotros enterándonos de sus investigaciones por sus filtraciones a la prensa, no porque nos dé conocimiento de la carpeta de investigación”, expresó el también ex presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Destacó que estas acciones constituyen una ilegalidad, una flagrante violación al código nacional de procedimientos penales que rompe con el principio de presunción de inocencia. Además, indicó que conocen la carpeta de investigación, pero no de estos nuevos elementos.

“Lo que sí aparece es de lo que vamos a hablar en la audiencia del día 8, que es la estrategia de la defensa y que son  cosas que de acuerdo al código nacional de procedimientos penales se deben de ventilar precisamente ante el juez de Control y no como indebida e ilegalmente lo ha hecho el MP a través de los medios de comunicación”, apuntó.

Enfatizó que será este jueves -en el Reclusorio Sur- cuando presenten todas las pruebas, argumentos que van a probar fehacientemente la inocencia de su clienta.

Respecto al pago que efectuó su clienta, de una garantía de 69 mil 500 pesos – para que continúe vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión-, dijo que esto les permitió conocer que no hay orden de aprehensión alguna.

Cuestionado sobre cómo está Robles moralmente, indicó que se encuentra sorprendida y nadie puede estar contento de que hay una sistemática violación a sus derechos humanos porque en su momento no le permitieron conocer la carpeta de investigación.

“Que después se entere a través de los medios de comunicación que la están investigando en unos hechos en los que ella no participó relacionados a unos inmuebles que no tiene conocimiento, además que la Secretaría de la Función Pública le sigue un procedimiento por una cuenta de dos mil pesos, que finalmente el banco se quedó -con esa cantidad porque nadie lo reclamó”, enfatizó.

Externó que el mismo Congreso a través de algunos  diputados está solicitando que se haga juicio político. Subrayó que en este momento no se le acusa de un delito de prisión preventiva oficiosa y se espera que pueda enfrentar su juicio en libertad.

El 30 de julio la ex funcionaria promovió un amparo por la presunta violación a sus derechos humanos ya que no fue requerida por FGR para informarle que era investigada.

LEG