La batalla del Estado mexicano contra el crimen organizado lleva ya casi 13 años. Si bien ha pasado mucho desde que Felipe Calderón envió a Michoacán a más de 5,000 soldados el 11 de diciembre de 2006, la constante ha sido una: el compromiso inquebrantable de las Fuerzas Armadas (FFAA) y los policías federales.

 

Más allá de las dificultades y tragedias que provocó el haber “pateado el avispero” aquél año, nuestros soldados, marinos y policías federales, como instituciones pero sobre todo como individuos, han sido sobreexpuestos a riesgos mortales en nombre de la República durante todo este tiempo. Creo que muchos coincidirían en que defender a las instituciones de la metástasis social que es el crimen organizado, es un servicio igual de valioso que defender al país en una guerra contra un extraño enemigo.

 

Por la mezcla de alto riesgo y duración excesiva, necesitamos un esquema institucional que permita a los miembros de la Guardia Nacional (FFAA y miembros de la extinta Policía Federal) que no deseen una carrera militar o policial, reincorporarse a la vida civil con todas las facilidades posibles, tras haber cumplido el mínimo de servicio en la guerra contra el crimen organizado. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Reajuste de Militares de 1944 construyó una red de beneficios para los soldados que regresarían de la Segunda Guerra. La Ley estuvo vigente hasta 1956, y apoyó a cerca de 8 millones de combatientes (Departamento de Defensa, 2019).

 

¿De qué tipo de beneficios hablamos? De compensación monetaria inmediata; hipotecas a bajo costo; préstamos a interés bajo para iniciar un negocio; un año de seguro de desempleo; y, tal vez lo más importante, el pago de sus colegiaturas para continuar o ampliar sus estudios. En la actualidad mexicana, además de adoptar (y adaptar) algunas de estas medidas, podríamos añadir unas más ignoradas en el pasado como, digamos, la atención psicológica.

 

Una correcta retribución para los miembros de la Guardia Nacional es algo a lo que debemos aspirar, en especial cuando los beneficios que ofrece esta no varían mucho de los de un empleo formal común. Esto requeriría dinero y voluntad política, pero los beneficios sociales de un buen “regreso a casa” podrían ser mayores, como lo fueron en el caso estadounidense. Apoyar a los miles de soldados, marinos y policías que opten por una vida civil tras años de pelear por México, es una obligación moral y también una oportunidad para el desarrollo.

 

@AlonsoTamez