Y lo que tanto se predijo, al final se cumplió. Durante la marcha por el 51 aniversario de los hechos violentos del 2 de octubre del 68, profesionales de la provocación, grupos que se autodenominan anarquistas, golpearon a ciudadanos, confrontaron a la autoridad, degradaron edificios públicos y, lo que era su mayor pretensión, atrajeron la atención mediática.
La expectativa creada días antes de esta conmemoración y los actos vandálicos cometidos la semana pasada en la Ciudad de México generaron un doble efecto: el rechazo unánime de la sociedad que mostró participación en los llamados cordones de seguridad y una excesiva cobertura periodística que dio una muy amplia exposición a estos grupos de provocadores.
Las transmisiones en directo a través de la televisión, los reportes radiofónicos, las notas en portales, las crónicas en los diarios de ayer y las fotografías en portadas fueron la mejor recompensa que pudieron obtener la tarde del pasado miércoles.
Pese a los desmanes provocados, cuyo saldo fue de 14 personas lesionadas y al menos tres detenidos, el despliegue de los cinturones de paz, en los que participaron funcionarios del gobierno capitalino y miembros de organizaciones civiles, tuvo un efecto positivo. De acuerdo con cifras oficiales, en la marcha participaron 10 mil personas, mientras que los cuerpos de seguridad estuvieron integrados por 12 mil servidores públicos.
Si bien la ciudad y el gobierno capitalino salieron bien librados el pasado miércoles, nada garantiza que para las próximas manifestaciones -en particular las organizadas por movimientos feministas-, dichos grupos no resurjan con mayor virulencia, una vez superada la atención a lo acontecido antier.
Lo del pasado miércoles le salió barato a las autoridades. Sin embargo, la violencia irracional de los grupos anarquistas seguirá siendo, para el Estado en su conjunto, un reto a vencer.
Segundo tercio. Contundente la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, de manera unánime, determinó que la administración del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, será de dos años y no de cinco, como el futuro mandatario pretende imponer.
Sin embargo, el galimatías jurídico parece no terminar, ya que la ley que avala dicha extensión, votada por el congreso local, aún no ha sido publicada y todo parece indicar que se mantiene la consulta popular sobre el tema, prevista para el 13 de octubre. Será interesante analizar la respuesta que formulen el futuro gobernador y su partido: ¿prevalecerá la decisión de la máxima instancia federal en materia electoral o se dará prioridad a una consulta cuyo resultado a su favor es previsible? La ambición es desmedida y difícilmente el mandatario que entrará en funciones en noviembre próximo cejará en su esfuerzo de darle la vuelta a la ley.
Tercer tercio. No solamente apaga los fuegos que desde Washington atiza Donald Trump sino que hace que el agua y el aceite sí se mezclen. Marcelo Ebrard logró que los tres hijos del fallecido José José dejaran atrás sus diferencias y pudieran estar juntos en la despedida de su padre. A través de una carta enviada a Sara Sosa, la menor de sus descendientes -l’enfant terrible para los medios-, la joven aceptó olvidar por un momento las rencillas que provocaron una disputa pública entre la familia del Príncipe de la canción.