La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a tres hermanas indígenas tzeltales y a su madre por la detención ilegal, violación y tortura por parte de militares y lamentó que la impunidad en el caso se haya mantenido por 25 años.
Esto luego de que el 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz, Celia, así como su madre Delia Pérez, fueron detenidas en Ocosingo, Chiapas, por parte de militares para interrogarlas, sin embargo las hermanas fueron privadas de su libertad, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.
“A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente. Fueron condiciones de vulnerabilidad las que establecieron que se violaran impunemente los derechos humanos y la dignidad de Ana, Beatriz, Celia González Pérez y también a su madre, Delia Pérez”, expresó la secretaria de Gobernación.
Durante el acto en el que estuvieron las hermanas y su madre, la encargada de la política interior del país dijo que existen exigencias pendientes como la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, “a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos”.
Asimismo, reconoció el abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, lo que ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres indígenas de este país.
“Con esto se buscará ir construyendo el principio de no repetición, sobre todo de restaurar, en la medida de lo posible, lo que estos hechos lamentables han impactado en la vida de Ana, de Beatriz, de Celia y de su madre Delia, por medio de la justicia, que se les debe a ellas y a todas las mujeres indígenas de este país”.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso que transcurrieron 25 años de impunidad, incluidos los 18 años desde que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre este caso.
En el evento también estuvo el gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón; el presidente municipal de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; y representantes y defensores de los derechos humanos.
Poco antes del acto de disculpa pública, la titular de Gobernación firmó como testigo de honor junto con el gobernador de la entidad un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones que hizo la CIDH sobre el caso de las hermanas González Pérez.
RYHP