El mexicanísimo desmadre sustituye a las justas demandas de marchas y manifestaciones.

Ante la complacencia de las autoridades capitalinas, grupos de supuestas anarquistas –que ya deberían tener en el radar-, vandalizaron, otra vez, lo mismo propiedad privada que edificios gubernamentales, monumentos históricos.

Ofendieron y maltrataron a las propias mujeres policías y a quienes trataron de impedir los destrozos que causaban a su paso.

El vandalismo es la nota, no las justas demandas de miles de mujeres en busca de seguridad y justicia.

Estos grupos han escriturado las marchas y protestas, independientemente de las causas.

No hay autoridad que lo impida.

Ni al Gobierno federal ni al local, encabezado por Claudia Sheinbaum, parece importarles el costo político de sus omisiones ni el económico que supone reparar los monumentos históricos y edificios públicos.

“No habrá represión”, han repetido lo mismo tanto López Obrador como Sheinbaum, pero no se trata de castigar la auténtica protesta social.

Lo que hemos visto a lo largo de este año es delincuencia organizada; ¿o qué, los saqueos y el daño patrimonial que sufren negocios y edificios privados y que no cubren los seguros no es un delito?

¿No es un delito lanzar bombas molotov y petardos lo mismo a policías que a ciudadanos que tienen el mal tino de cruzar por las zonas de marchas?
Lo absurdo es que ni siquiera haya una estrategia de contención; daba pena ver como las mujeres policías trataban de defender las vallas que se colocaron alrededor  del Palacio de Bellas Artes.

No se trata de “criminalizar las protestas”, sino de hacer cumplir la ley.

Y no, no se trata de caer en el simplismo de “si te importa más un vidrio que la vida de una mujer, está mal”.

Desde hace años, muchos medios nos hemos sumado a la demanda de seguridad y justicia para las mujeres, en cualquier parte del país.

Pero manifestaciones como las que hemos visto recientemente, no solo colocan en segundo término las exigencias sino que generan enojo y repudio hacia los grupos feministas, sin importar si son o no anarquistas.

Si no lo cree, échele un ojo a las tendencias en Twitter, bendecidas por ya saben quién por lo que puede descalificarlas.

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No fue el Estado…bueno, si, pero nomás tantito.

Tal es el resumen que puede hacerse de la controversia surgida por las declaraciones del presidente López Obrador y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,  Alejandro Encinas.

El primero dijo que el caso Ayotzinapa y el asesinato de un ecologista no habían sido crímenes de Estado, porque si así hubiera sido, jamás se conocería la verdad.

Pero como este Gobierno está dispuesto a encontrar a los desaparecidos, pues no es crimen de Estado, manifestó.

Encinas dijo por su parte que sí fue crimen de Estado, sin importar lo que un día antes había declarado su jefe.

Y es que aceptar que sí fue un crimen de Estado, implica reconocer la participación de las instituciones de seguridad, incluido el Ejército, en la comisión del delito de desaparición forzada.

A lo mejor López Obrador quiso congraciarse con el Ejército luego de que el pasado 20 de noviembre le reiterara su lealtad…pero no le aviso a Encinas que, por cierto, a un año de Gobierno sigue sin dar resultados.

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Marcelo Ebrard aseguró que declarar “terroristas” a los cárteles de la droga en el país implicaría un cambio jurídico que podría –podría- interpretar a su conveniencia el Gobierno de Estados Unidos.

O sea, que una de esas, hasta podría enviar a algunos marines a ajustar cuentas con quienes en México llamamos simplemente “delincuencia organizada”.