La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) lamentó y rechazó la propuesta legislativa de reducir el periodo de duración de la presidencia de ese organismo de nueve a tres años, al recalcar que se trata de una intromisión en la vida interna del instituto.
“Lamentamos y rechazamos la reciente iniciativa legislativa que busca disminuir, sin sustento racional, la duración de la presidencia del Consejo General, para poner un supuesto nombramiento rotativo del Consejero Presidente, al servicio de los vaivenes políticos en la Cámara de Diputados”.
Así se destacó este jueves en un pronunciamiento firmado por 17 de las y los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y Secretaría Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva del INE.
Aseguraron que la medida, como otras que se han presentado, es una reciente andanada en contra del Instituto y de las y los consejeros que lo dirigen; además, sostuvieron que se trata de una injustificada intromisión en la vida interna y una flagrante violación a la autonomía del INE.
Los firmantes de la Junta General Ejecutiva apuntaron que resulta preocupante un eventual rompimiento de la continuidad de la función institucional. En ese sentido, consideraron que la iniciativa pone en riesgo la independencia e imparcialidad con que se debe conducir la autoridad electoral.
Recordaron que la decisión de tener una presidencia por nueve años, estuvo basada en una lógica transexenal de garantizar que ese nombramiento no respondiera a la lógica de los ciclos electorales. La disminución, aseveraron, busca afectar la conducción del árbitro electoral.
“De renovarse la presidencia cada tres años, a la víspera de cada proceso electoral federal, cambiaría la conducción del Instituto, lo cual desestabilizaría y sometería el proceso a una carga política adicional por el nombramiento”.
Asimismo, recuerdan que corresponde a la Junta General Ejecutiva del INE coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto, así como las actividades de las direcciones ejecutivas.
“Exhortamos a los legisladores que conforman el Congreso de la Unión y las 32 legislaturas locales a analizar detalladamente las implicaciones de una reforma constitucional de esta magnitud que, de prosperar, significaría un retroceso en la certidumbre de las reglas vigentes y, por tanto, en la confianza en los resultados electorales”, subrayó.
FV