Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, anunció que interpuso un recurso de legalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el gobierno federal, por el descuento de las participaciones federales al estado que ascienden a más de 435 millones de pesos.

 

En conferencia de prensa, el Ejecutivo estatal detalló que el recurso se interpuso a las 23:40 horas, luego de esperar en vano y de haber “agotado el diálogo con el secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, en su momento y el actual, José Antonio Meade”.

 

Acompañado por su gabinete legal, Godoy Rangel detalló que la Ley de Coordinación Fiscal establece que no son embargables las participaciones a los estados.

 

Por ello, resaltó que tomó la difícil decisión, luego de una consulta con su gabinete legal y el recurso fue interpuesto en el último día y en las últimas horas.

 

En su mensaje en donde no aceptó preguntas, el mandatario estatal reveló que fueron múltiples las reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y que el 2 de junio pasado solicitó al presidente Felipe Calderón su apoyo para pactar una reunión con el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.

 

Con semblante serio y ataviado con corbata de color amarillo, Godoy Rangel detalló que en la reunión con el hoy aspirante presidencial ofreció una respuesta favorable para pagar las retenciones de los trabajadores federales.

 

Posteriormente se dieron diversas reuniones con funcionarios de Hacienda sin que se concretara dicha promesa.

 

Ante ello, el pasado 5 octubre volvió a solicitar al presidente Calderón una reunión con el nuevo titular de Hacienda, en la que participaron el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y los coordinadores parlamentarios de ese partido en el Congreso.

 

Sin embargo, el titular de la dependencia, José Antonio Meade “negó el compromiso de su antecesor”.

 

Dijo que ante el silencio de gobierno y por el daño a los michoacanos decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia, porque las violaciones a la ley son evidentes, pues las participaciones no son susceptibles de embargo y se dan en efectivo y no en obras.

 

“Buscamos restituir el estado de derecho y el clima de las finanzas del estado”, concluyó.