Ante los irrefutables datos que indican que este 2019 será el año más violento de la historia contemporánea de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a fijarse un nuevo plazo, ahora de un año, para demostrar que sus programas sociales tendrán los resultados prometidos en campaña.

La promesa de que a partir de su primer día de Gobierno todo iba a cambiar, que se iba a recuperar la paz y disminuiría la inseguridad, quedó solo en el discurso mañanero de todos los días en los que una y otra vez contradice los datos oficiales, desmiente a los miembros de su Gabinete de Seguridad y cambia de fecha para alcanzar esos resultados.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que 2019 se perfila para ser el año más violento que se tenga registro, dato que se reforzó el mismo 1 de diciembre cuando en un solo día se reportaron 127 homicidios dolosos, que lo convirtió en el día más violento de la historia del país, según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo. Días antes el INEGI había confirmado que el 2018 fue el año más violento de la historia.

De acuerdo con el análisis al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, en su reciente estudio La Seguridad de los Mexicanos: Lo prometido aún es deuda, para que la actual administración logre obtener resultados favorables en materia de seguridad se requieren recursos suficientes, lo que contradice las acciones que han tomado, ya que de 2018 a 2019 se tuvo un recorte presupuestal para el total de gasto en seguridad y justicia, lo que afectó plazas, operación e insumos de policías, procuradurías y fiscalías de todo el país.

El director de esta organización de la sociedad civil, Francisco Rivas, sostuvo que pese a la narrativa oficial de mayor eficiencia, no hay evidencia de la mejor utilización de los recursos y programas sociales, y fue más allá al señalar que pese a la suma de declaraciones y la construcción de documentos, no se especifica de qué manera las acciones, programas, cambios legales e institucionales van a producir los efectos esperados como tampoco se establecen indicadores precisos para saber los resultados de esas transformaciones.

En el mismo sentido, se encuentra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien al cumplir también su primer año de Gobierno, el principal problema que enfrenta es la inseguridad.

Con similar narrativa a la del Ejecutivo federal, la mandataria capitalina justificó la falta de resultados en seguridad por el abandono, dijo, que la administración anterior tuvo a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública.

El director general del ONC advirtió que de las promesas en seguridad que hizo Sheinbaum, no se ha cumplido ninguna, sin embargo, reconoció que “ha tenido ocurrencias, que no son malas”, pero todo hace pensar que estas acciones no estuvieran planeadas y por lo tanto su ejecución termina con deficiencias relevantes y con aspectos poco claros, lo que los convierte en más promesas incumplidas, mientras la incidencia delictiva en la CDMX dijo, siga al alza.

En el marco de los informes de Gobierno y los nulos resultados en seguridad, surgió un tema que se deberá analizar en los próximos días que fue el acuerdo que tomaron el pasado viernes los fiscales y procuradores que participaron en la XLII Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sobre buscar “mejores parámetros para casos de homicidio”.

La respuesta del Centro Nacional de Información del SESNSP no se hizo esperar y frenó horas después cualquier intento por cambiar la metodología con la que actualmente se trabaja, “la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) carece totalmente de atribuciones para crear, modificar, o desaparecer funciones tanto del SESNSP como del CNI”, y “la atribución de modificar o desaparecer funciones correspondientes al SESNSP o al CNI, sólo la tiene el Congreso de la Unión a través de una iniciativa de reforma constitucional, y una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).