@osdtagle


Hace unas semanas le conté que el Gobierno de la Ciudad de México estaba realizando diversas investigaciones en contra de ex funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera.


Varias de ellas ya están en carpeta de investigación y otras más ya cuentan con órdenes de aprehensión. Una de las investigaciones que más ha involucrado a diversas autoridades capitalinas es la de la invasión de inmuebles.


Desde hace años, pero con mayor intensidad en la administración de Miguel Ángel Mancera, se incrementó la invasión a bienes inmuebles que sufren los propietarios con lanzamientos o despojos que de manera violenta hacen grupos de cargadores y golpeadores contratados por diversas organizaciones.


Como le conté el verdadero problema es que este despojo de propiedades pareciera hacerse a la sombra de una supuesta legalidad, pues al momento de desalojar a los dueños llegan notarios, autoridades e incluso las organizaciones delictivas envían a sus cargadores con órdenes de jueces que validan el despojo.


Lo que hoy sabemos es que un grupo criminal, integrado por abogados, no actúa solo, cuenta con la complicidad de servidores públicos, quienes en la total corrupción operan con un grupo numeroso de personas. Entre las que, de acuerdo a las carpetas de investigación, se encuentran ministerios públicos, jueces y magistrados que organizados se dedican al despojo de propiedades.


Estos abogados, con la complacencia y complicidad de servidores públicos de diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad, se organizan y promueven despojos y lanzamientos jurídicos en contra de los legítimos poseedores o propietarios de los inmuebles.


Ejemplo de ello fue el sonado predio de Madero 45 en el Centro Histórico de esta ciudad, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.


La Fundación ignoraba el juicio de simulación fraudulento de un grupo criminal, que hoy la autoridad tiene detectado y en el cual hay líderes de organizaciones civiles, jueces y autoridades del Gobierno.


En ese momento la autoridad actuó con indolencia y no fue sino hasta que la gente de la Fundación habló con las autoridades del actual Gobierno, que se percataron del modus operandi.


Lo interesante y que debemos estar atentos es que existen 33 casos en que la autoridad tiene claramente detectado la participación de funcionarios e incluso presume, de acuerdo a sus carpetas de investigación, del uso de notarios e inmobiliarias vinculadas a estos grupos que operan o tienen sus sedes en Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Estado de México.


Lo que debemos estar atentos es que en breve podrían capturar a personajes vinculados con Alejandra Barrios dirigente de los vendedores informales, quien de acuerdo a las autoridades sería la cabeza de esta organización.


De ser cierto el resultado de la pesquisa, la detención de la líder es inminente junto con la de funcionarios locales y de jueces de la Ciudad de México.