En las acciones para el saneamiento del río Santiago, en Jalisco, el gran ausente ha sido el Gobierno federal desde 2001, cuando se presentó el plan maestro para ese afluente; sin embargo, a la fecha, en nada se ha mejorado el afluente, aseguró Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental.

La también impulsora de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que generó el pronunciamiento de ese organismo internacional el pasado 6 de febrero en el que se pide al Gobierno federal acciones y atención a los afectados, agregó que ellos hicieron un diagnóstico para conocer qué es lo que han hecho las autoridades federales, pues varios instrumentos de planeación se han quedado en pausa.

“Nos dimos cuenta que han hecho muchos instrumentos de política de planeacion y programática que quedaron en stand by, como el plan maestro de la cuenca, la ley para la cuenca, los decretos para proteger al lago de Chapala; luego el levantamiento de los decretos, y todo había quedado en eso.
“Realmente en tareas de incidencia en el Lago de Chapala como en el alto Santiago, el gran ausente es el Gobierno federal”, expresó la también investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Recordó que este próximo 27 de febrero, el Gobierno de México deberá entregar, por petición de la CIDH, las acciones para el saneamiento del río Santiago, así como las medidas para la atención de la población afectada por la contaminación de este cuerpo de agua.

Dijo que son alrededor de 740 empresas las que descargan sus aguas residuales en el afluente del río.
En tanto, Jorge Fernández Acosta, el activista y también académico de la UdeG, recordó que la lucha por sanear el río Santiago inició en 2001 con el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, época en la que se elaboró un diagnóstico y el plan maestro. “Para 2003 corren a Lichtinger, y viene una omisión para no intervenir la cuenca del Lerma, y obviamente tampoco el Santiago.

Hace diez días, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseveró que una vez que operen las plantas de tratamiento de aguas que se construyen, la calidad del agua del río Santiago mejorará paulatinamente.

 

Infografía: Xavier Rodríguez

CONAGUA REALIZÓ 20 VISITAS EN 2019

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que durante 2019 realizó 20 visitas de inspección, cinco de zona federal y 15 en materia de descarga de aguas residuales en el tramo que abarca desde la salida del Lago de Chapala, en el municipio de Ocotlán, Jalisco; hasta la presa La Yesca, en la colindancia de los municipios de la Yesca, Nayarit y Hostotipaquillo, Jalisco.

En una tarjeta informativa enviada a este diario, establece que partir de estas visitas se iniciaron procesos administrativos en los que se determinan las infracciones a la ley, y se requirió información a 29 empresas.

Resaltó que esta dependencia no ejecuta ni realiza obras públicas en materia de saneamiento, sino que, a través de los programas federalizados, otorga recursos a estados y municipios.

Por ello, expuso, las acciones para coordinar un plan de saneamiento serán a través del Gobierno de Jalisco y los 45 municipios de la cuenca del Santiago. En 2019, puntualizó, dentro del programa de Devolución de Derechos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado, se comprometieron recursos por 187.7 mdpde los cuales 157.5 fueron para la cuenca del Santiago.

 

Exhortan diputados a atender afluente en Cihuatlán, Jalisco

 

El pasado 15 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo que para exhortar a la Conagua a realizar estudios y acciones preventivas de los bordos de protección y corrientes del cause del rio Marabasco en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

“Este punto de acuerdo fue presentado con el fin de evitar que las condiciones actuales de nuestro río Marabasco sigan mermando la calidad de vida los habitantes de Cihuatlán y evitar que estén preocupados por lo que pueda llegar a pasar.

 

“Considero urgente que se realicen las acciones pertinentes para resolver una problemática que nos aqueja ya desde hace años y que no se ha podido resolver”, comentó la diputada federal Mónica Almeida (PRD).

 

LEG