El grupo financiero Monex, que encabeza Héctor Lagos Dondé, ha sido señalado públicamente por el Partido Acción Nacional y por la coalición Movimiento Progresista de participar en la triangulación de recursos financieros a favor de la operación electoral del PRI bajo distintas modalidades.

 

Las quejas que presentaron ambas organizaciones políticas ante el IFE involucran decenas de millones de pesos por presuntas operaciones de transferencias de recursos para coaccionar el voto a favor de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto.

 

En forma paralela, la Procuraduría General de la República investiga a  Monex en el caso de las presuntas operaciones de lavado de dinero que habrían realizado los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, entre 2007 y 2009, asunto que detonó a partir de una investigación realizada por la Corte del Distrito Sur de Texas.

 

Hasta donde se conoce públicamente, en ambos casos no se ha acreditado responsabilidad por delito alguno al grupo financiero de Lagos Dondé, por lo menos no en México, cuestión que no lo exime de que así ocurra como consecuencia del avance en las investigaciones; pero lo que sí llama la atención es que su nombre aparezca ligado a los grupos priistas en los dos casos de mayor escándalo por ilegalidades que se han suscitado recientemente en México.

 

De lo que no queda duda es de la cercanía que existe entre Héctor Lagos Dondé y ciertos connotados miembros priistas, como Luis Téllez o Guillermo Ortiz, entre otros priistas del ámbito económico, cercanos al equipo de Peña Nieto.

 

No hay que olvidar que fue Héctor Lagos Dondé quien nominó a Luis Téllez a la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores en momentos de una fuerte oposición a su designación al interior del Consejo de la BMV y que sólo se destrabó con la intervención directa del presidente Calderón.

 

Pero el caso va más allá de las sospechas que hoy penden sobre Monex de haberse convertido en una herramienta de apoyo al PRI y a Peña Nieto, asumiendo los riesgos propios de las actividades ilegales.

 

Allí está el caso del ex gobernador de Coahuila y posterior presidente del CEN del PRI, Humberto Moreira, cuyo gobierno falsificó firmas para acreditar la contratación de miles de millones de pesos de nueva deuda estatal con diversos bancos privados entre los que destacaron bancos propiedad de empresarios ligados fuertemente al PRI como la familia Hank Rhon de Interacciones, o Roberto González Barrera de Banorte.

 

La pregunta entonces es si -más allá de las legítimas oportunidades de negocios- hubo bancos al servicio de una campaña y de un candidato.

 

El tema es relevante. Banqueros cuyas afinidades políticas los han llevado a movilizar recursos o a poner a sus bancos al servicio de objetivos políticos apostando por la debilidad y los huecos en las reglas del juego.

 

¿Fue el caso de Monex, de Interacciones o de Banorte, por mencionar algunos?

 

La CNBV, la FEPADE, el IFE y/o la PGR tendrían que dar respuestas. Pero también habrá que revisar si las leyes y las instituciones que hoy tenemos están preparadas para evitar y sancionar las tentaciones de “operación política” desde la banca.

 

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