La Confederación Patronal de la República Méxicana (Coparmex), señaló que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, entre otros funcionarios públicos podrían ser destituidos de su cargo y sancionados con penas privativas de la libertad.
Esta sería la consecuencia por permitir la consulta pública que se lleva a cabo en Baja California sobre la operación de la cervecera de la empresa Constellation Brands.
La Coparmex emitió un comunicado en el que informó que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California Jesús Rodolfo Cristena, ordenó implementar medidas para evitar la propagación del Covid-19 y garantizar la salud de los participantes en la consulta pública que se realiza en Mexicali.
La consulta sobre #ConstellationBrands en Mexicali es un duro golpe a la confianza para la inversión en la antesala de una crisis económica por el #COVID19. #YaEstuvo de decisiones irresponsables. #DefendamosLaInversión pic.twitter.com/gNLmTk7aRS
— Coparmex Nacional (@Coparmex) March 22, 2020
Señaló que al conceder un amparo a un grupo de ciudadanos, el juez ordenó a las las autoridades que previo a la consulta y en un lapso no mayor a 24 horas, horario que culminó la tarde del sábado, implementarían e informarían de todas las medidas aplicadas para evitar contagio.
Agregaron que en caso de incumplimiento por parte de las autoridades responsables, entre ellas el Presidente, se determina la posibilidad de sanciones privativas de la libertad y la destitución tanto del mandatario como de la funcionaria.
Indicó que la omisión de las autoridades de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar el brote y propagación del coronavirus, resulta como un acto prohibido establecido en el artículo 22 de la Constitución, pues impactan directamente en el derecho a la salud y atenta en el derecho a la vida de la comunidad mexicana.
De acuerdo con la Confederación, esta decisión de llevar a cabo la consulta, además de poner en riesgo la salud del pueblo mexicano, está poniendo en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado durante las últimas décadas en Baja California en plena crisis económica mundial.
Añadió que independientemente del resultado, la consulta sentará un grave precedente para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se podrían posponer a causa de la falta de seguridad jurídica para llevarlas a cabo.
MGL