El padre del joven Jonathan Arechega Zarazúa, acusado de asesinar al general retirado Arturo Acosta Chaparro en calles de la delegación Miguel Hidalgo, reveló que los agentes de la Policía de Investigación que detuvieron a su hijo el 23 de mayo, le pidieron un millón de pesos a cambio de no trasladarlo al Ministerio Público.
Esa es solo la primera de “múltiples irregularidades” que Javier Arechega dice que se han cometido en el caso en contra de su hijo, a quien la semana pasada un juez le dictó el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado en agravio del general, lo que podría acarrearle un sentencia de hasta 35 años de cárcel.
En una entrevista concedida a 24 HORAS, anunció que ya interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y sostuvo que buscarán “hasta por debajo de la tierra” las pruebas que sean necesarias, para que su hijo no se convierta en un nuevo “presunto culpable”.
La tarde del pasado 20 de abril, Acosta Chaparro fue asesinado en la colonia Anáhuac, luego de que un sujeto le disparó en varias ocasiones en la cabeza, para luego darse a la fuga. Un mes después, ya tendiendo una “denuncia anónima”, agentes judiciales detuvieron a Arechega en la zona de Aragón.
Luego de 40 días de arraigo, la PGJDF dijo que había reunido las pruebas suficientes para solicitar a un juez la orden de aprehensión en contra del joven de 22 años, aunque reconoció que no se había logrado esclarecer cual era el móvil del crimen.
El 4 de julio, el Juzgado 28 en Materia Penal del Reclusorio Oriente declaró formalmente preso al joven, quien hasta el día de hoy ha rechazado haber participado en los hechos.
Las irregularidades, explica Javier Arechega, comenzaron desde el mismo día de la detención de su hijo, cuando los agentes que lo aprehendieron lo mantuvieron privado de su libertad de forma ilegal durante al menos dos horas, antes de llevarlo ante el Ministerio público.
“Querían que les diera un millón de pesos para soltarlo, le dijeron que ya sabían que había matado a esta persona y literal, que se lo iba a cargar la chingada si no soltaba el dinero; luego querían que les entregara la pistola y que confesara el asesinato que mi hijo ni sabía que había ocurrido”, dijo Arechega.
Durante el arraigo, el padre del joven señaló que les fue prácticamente “imposible” saber en qué situación jurídica estaba su hijo, pues sólo les dijeron que un tal “Licenciado Carlos” era su defensor de oficio, pero cuando buscaron contactarlo resultó que ya lo habían cambiado de oficina.
Indicó que también intentaron forma hablar de forma reiterada con el titular de la Fiscalía de Investigación de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña, pero en su oficina les dijeron siempre que estaba “muy ocupado”.
“Resulta que siempre tenía mucho que hacer y nunca tuvo la amabilidad de recibirnos, o al menos eso es lo que nos decía una señorita de nombre Isabel de la Rosa. La única vez que vimos al fiscal fue durante un cateo que hizo la policía el 7 de junio en mi domicilio y en el que por cierto, no encontraron nada”, sostuvo.
Javier Arechega desestimó además el que dos testigos del crimen lo hayan “identificado” como el supuesto asesino.
“¿Sabe como fue esa identificación? Llevaron a estas dos personas a que vieran a mi hijo a través de la Cámara de Gesell sin que hubiera nadie más ahí de pie, solo lo pusieron a él frente al cristal y así fue como se supone que lo identificaron”, remató.
La madrugada del pasado viernes, Jonathan Arechega Zarazúa fue sacado del Reclusorio Preventivo Oriente y trasladado por personal de la Dirección de Seguridad Penitenciaria a un módulo de alta seguridad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla (Ceresova).
Autoridades de la PGJDF explicaron que este movimiento se dio por instrucción de la subsecretaría del Sistema Penitenciario y a petición de la dirección del Reclusorio Oriente, sin que se proporcionaran mayores detalles.
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