La Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que realiza anualmente el INEGI, da cuenta de que en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o más.
La contingencia sanitaria es un reto de características inéditas para el mundo, sabemos que tenemos que frenar el contagio masivo y quedarnos en casa, pero también conocemos del impacto que tendrá este virus en la economía.
Las últimas semanas demuestran que la tecnología y las redes sociales se volvieron indispensables, ya no es opcional si tenemos cuentas en redes sociales o acceso a un portal de noticias, el aislamiento obligado nos arrincona a la web.
Pero el aislamiento social tiene un factor de discriminación económica, una gran parte de la población depende de su desplazamiento para ganarse la vida.
En el Gobierno federal se decretó la suspensión de actividades no esenciales; mientras que los Poderes Legislativo y Judicial tomaron distintas alternativas para mitigar la propagación del Covid-19 en un sector compuesto por millones de trabajadores.
Las Cámaras de Senadores y Diputados determinaron suspender actividades y despreciar el llamado de los partidos opositores a realizar las sesiones y el resto de labores legislativas de manera virtual. Desperdiciaron la gran oportunidad de ubicarse como un Congreso de vanguardia, con la creatividad suficiente para poner la tecnología a su servicio, y por ende, del pueblo también.
En el Senado, la negativa a realizar el trabajo de manera virtual se argumentó, entre otras cosas, porque no existe una norma que regule una actividad de tal naturaleza, es decir, los senadores tienen que legislar para poder trabajar en medio de esta contingencia.
Por ello, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, impulsor del trabajo virtual que sus compañeros desdeñaron, acusó el mensaje recibido y presentó una iniciativa para que en el futuro, de ser necesario, los senadores puedan utilizar la tecnología para cumplir con sus obligaciones.
Hay, como ese, ejemplos positivos, pero también algunos que no sólo extrañan, sino que preocupan, como el del magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, quien insiste en que las sesiones sean presenciales, a pesar de que el presidente Felipe Fuentes y la ex presidenta Janine Otálora están en el grupo de edad con mayor riesgo. Si bien, podría haber alguna explicación para esto, también destaca su cercanía con el ex presidente Felipe Calderón, de quien fue abogado durante el penoso período de la Guardería ABC.
También, en Naucalpan parece que las razones políticas pesan más que las de salud pública, pues las regidoras Angélica del Valle, del PRI y Paulina Pérez, del PAN, se opusieron a que la sesión de Cabildo se llevara a cabo a través de una videoconferencia, con el argumento de que no existe marco legal para darle validez, y aunque lograron que se suspendiera la reunión virtual, tampoco se presentaron a la presencial.
Lo positivo de esta contingencia es que podremos identificar a los gobernantes y representantes populares que cuentan con el compromiso y la altura de miras con los ciudadanos y el país, mientras que los que utilicen la contingencia para hacer campaña y politiquería también saltarán a la vista.
@osdtagle