Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldaron a Fernando Larrazábal, presidente municipal con licencia de Monterrey, quien ya no tendrá que regresar a ese cargo luego de ganar una diputación federal por mayoría, como lo solicitaba su cabildo.

 

Los magistrados dijeron que protegían una garantía fundamental establecida en el artículo 55 de la Constitución, que es el político-electoral, el cual consiste en pleno derecho a ser votado, tal y como lo que establece el sistema electoral constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte.

 

El magistrado Manuel González Oropeza señaló que no se puede obligar a Larrazábal a regresar al cargo que ostentaba, ya que previamente se le había autorizado separarse definitivamente del mismo.

 

El ministro Salvador Nava Gomar dijo que el amparo presentado por el cabildo ante no es procedente contra normas y actos o resoluciones de carácter. “Imagínense ustedes el punto de quiebre que tendría el sistema si todos aquellos que fueron electos en estos procesos electorales, y que tienen todavía algunos meses en aquellos cargos de los cuales se separaron o solicitaron licencia, regresaran a sus cargos. Eso pondría a la legitimidad en entredicho”.

 

El proyecto correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de Larrazábal fue aprobado por una mayoría de seis votos; el magistrado Flavio Galván Rivera mantuvo un voto particular.

 

Larrazábal era presidente municipal de Monterrey cuando ocurrió la tragedia del Casino Royale; esa casa de apuestas fue incendiada por grupos del crimen en represalia a la negativa de los dueños a ser extorsionados, y posteriormente se difundió un video de su hermano Jonás recibiendo dinero dentro de un casino.

 

Por otra parte, en Tabasco, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, Gustavo Rodríguez Castro, confirmó que el PRI impugnó la elección de gobernador, que según los cómputos ganó el perredista Arturo Núñez Jiménez.

 

Detalló que la representación del PRI ante el órgano electoral de la entidad acusó supuestas anomalías en 17 de 21 distritos electorales.

 

Entre ellas, dijo, están presuntas irregularidades en las sesiones de cómputo y en la integración de las mesas directivas de casilla el día de la elección, conforme al listado de ciudadanos registrados para tal función.

 

Expuso que el 1 de julio hubo funcionarios de casilla que presuntamente declinaron de última hora participar, razón por la que se sustituyeron conforme a la lista de suplentes, aunque fueron pocos los casos en que ocurrió.