Los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México están trabajando en condiciones insalubres pese al rápido incremento de casos de coronavirus, afirman trabajadores, defensores de los derechos y académicos, que acusan que las medidas de prevención básicas sanitarias son extremadamente deficientes.

Miles de mexicanos obtienen visas H-2A para trabajadores agricultores temporales cada mes y emigran a Estados Unidos. El país ahora tiene más de 214.000 casos de Covid-19, la cifra más alta del mundo, y al menos 4.800 muertes, según un cómputo realizado por Reuters.

La semana pasada, el Departamento de Estado estadounidense dejó de exigir el requisito de entrevista en persona para muchos solicitantes de visa H-2A (90% de los cuales son mexicanos) y los funcionarios calificaron el programa como una “prioridad de seguridad nacional”, vital para la cadena de suministro de alimentos de la nación.

Aun así, los trabajadores agrícolas, tanto en Estados Unidos como en México, no cuentan con equipo de protección y tienen dificultades para mantener la higiene o adherirse al distanciamiento social, según expresaron trabajadores y activistas.

“No nos dan guantes ni cubrebocas (…), todo sigue normal. Comemos en la misma mesa, nos aseamos en el mismo baño”, indicó un trabajador mexicano de una granja de Florida, quien se negó a dar su nombre por miedo a represalias.

El agua con frecuencia se agota en los baños portátiles, dejando a los trabajadores sin poder lavarse las manos. Tampoco hay gel antibacterial, expresó el trabajador, que vive en una pequeña casa con otras ocho personas.

“No hay espacio, estamos en contacto todo el tiempo”, indicó el joven de 22 años a la Fundación Thomson Reuters por teléfono.

Los trabajadores H-2A (casi 205.000 recibieron visas en el último año fiscal) y los incontables trabajadores agrícolas estadounidenses que viajan largas distancias a sus trabajos ahora representan “grandes riesgos de enfermedad y muerte”, según la organización sin fines de lucro Farmworker Justice.

El mes pasado, la organización con sede en D.C. escribió en una carta a las Secretarías de Trabajo, Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos que “no tomar medidas proactivas hoy podría ser catastrófico”.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos y la Secretaría del Trabajo de México no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“MEDIDAS INSUFICIENTES”

Millones de trabajadores dentro de México cortan caña de azúcar, recogen bayas y hacen otros trabajos agrícolas año tras año, con una gran proporción que migra de estado a estado en busca de empleo.

Muchos no han recibido aún ninguna información sobre el brote de coronavirus, y mucho menos sobre los controles de salud, indicó la organización sin fines de lucro Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

En los estados del norte, Sonora y Sinaloa, que exportan una gran cantidad de productos a los Estados Unidos, académicos enumeraron una serie de preocupaciones relacionadas con el virus en materia de alojamiento, transporte y seguridad laboral.

“Veo con preocupación y difícil que se pueda hacer algo, porque eso es un problema añejo, estructural de las condiciones en que viven”, comentó Celso Ortiz, un investigador de la Universidad Indígena Autónoma de México con sede en Sinaloa.

“Lo mínimo sería darles información para que ellos puedan tomar algunas medidas”, indicó.

México ha registrado 1.378 casos de coronavirus y 37 muertes.

En Sonora, algunas granjas realizaban controles de temperatura e incluso mantenían el distanciamiento social, sólo para luego hacer viajar a los trabajadores en autobuses repletos al final del día, según expresó José Eduardo Calvario, sociólogo de la Universidad de Sonora.

“Están tomando medidas, pero son medidas insuficientes”.

Es improbable que las amplias protecciones legales que podrían aplicarse a los trabajadores despedidos debido al brote en México (como por ejemplo, las de un mes obligatorio de salario mínimo) puedan aplicarse a los trabajadores agrícolas que no suelen tener contratos escritos, añadió Calvario.

En ambos países, hubo una grave falta de control de las condiciones en las granjas, según indicaron trabajadores y activistas de los derechos de los inmigrantes.

Evy Peña, directora de comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante, con sede en México, dijo que aún si los lugares de trabajo cumplieran con las leyes laborales, no eran lo suficientemente fuertes para proteger a los trabajadores durante el brote.

“Hay mucha preocupación por la cadena de suministro de alimentos en este momento, pero no se habla de reforzar las protecciones para los trabajadores que sostendrán esa industria”, agregó Peña.

 

 

ica