México debería recurrir a la reasignación de recursos, a contratar más deuda, e incluso a utilizar la línea de crédito flexible por 61 mil millones de dólares que tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la que se han pagado comisiones por diez años, para enfrentar la emergencia sanitaria.
Y es que la reacción del Gobierno federal debe ser rápida y contundente si se quiere tener una recuperación pronta y sólida de la actividad económica y proteger el bienestar de los hogares, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis semanal, reiteró que sin un programa ambicioso de protección a la salud y a la economía para atender la emergencia, la intervención del Gobierno “será irrelevante y no protegerá el bienestar de los mexicanos”.
Detalló que los estragos por la parálisis de la economía resultado de la pandemia ya se muestran en la reducción de los 347 mil empleos formales, o en el recorte de salarios, la baja de consumo y que la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros disminuyó en 166 mil millones de dólares.
De manera adicional, las principales calificadoras como Standard & Poor´s, Fitch Ratings y Moody´s degradaron la nota de la deuda soberana de México y la colocaron a un peldaño de perder el grado de inversión, por la “tibieza e indiferencia” de las autoridades para contrarrestar los efectos previsibles de la pandemia sobre la economía.
Por ello, indicó, urge establecer un programa de reactivación de la actividad económica, pues hasta ahora el Gobierno ha dicho que cuenta con los recursos suficientes para mantener sus proyectos insignia como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, y dar una ligera ayuda a microempresas mediante créditos a la palabra.
Empero, según el CEESP, el Gobierno utilizaría recursos no recurrentes como los 158 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingreso Presupuestarios (FEIP), así como el remanente del Banco de México, aunque este se podrá utilizar hasta abril del próximo año.
Incluso, dijo, la Secretaría de Hacienda ha sugerido cambiar la definición de la deuda pública: de deuda neta a deuda bruta, a fin de utilizar recursos de las disponibilidades del Gobierno sin impactar la cifra de la deuda.
Al mismo tiempo, el Gobierno anunció la desaparición de los fideicomisos con los que liberaría 700 mil millones de pesos; pero “en todos los casos (la obtención de recursos) siempre implican una reducción de la posición financiera real del Estado, vía mayor deuda o menores disponibilidades”.
Para el CEESP, en este momento lo que urge es que se cuente con un plan claro para enfrentar los efectos económicos de la epidemia, que pueden ser devastadores.
Y recomendó proveer de liquidez a las empresas durante el tiempo que dure la cuarentena, a través del diferimiento de pago y entero de impuestos, de contribuciones a la seguridad social de las empresas y devoluciones del pago de IVA.
El salvavidas ante la contingencia
POR: /MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE
México cuenta con la Línea de Crédito Flexible del FMI desde 2009. Dicho mecanismo fue creado como un seguro para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de una crisis económica. Ha sido renovado por el país en siete ocasiones y ahora es válido por 61.4 mil millones de dólares.
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