Con la Ley de Amnistía que entró en vigor el 26 de abril pasado, el Gobierno federal tendrá un ahorro –en promedio– de dos millones 700 mil pesos mensuales, por los más de 600 presos que podrían salir en libertad.
Por cada interno, se estima un gasto de 150 pesos diarios en alimentación, agua, luz, artículos de aseo personal, y ropa, entre otros, manifestaron fuentes consultadas de centros penitenciarios.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaría 2019 de la CNDH, en los Centros Federal de Readaptación Social existe una población de 17 mil 207. La ley busca liberar a personas que no cometieron delitos graves.
Además, no beneficiará a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal o secuestro.
Para José Antonio Lara Duque, director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esta herramienta es insuficiente porque sólo serán beneficiados por delitos del fuero federal.
“No abarca la gran necesidad que existe de recuperar la justicia para otros internos, porque excluyeron los delitos que se encuentran considerados en el artículo 19 constitucional, que son de prisión preventiva”, manifestó el activista a 24 HORAS.
Resaltó que las autoridades en distintos momentos han optado por detener personas aunque sean inocentes con la intención de justificar –en cifras– un trabajo de combate a la inseguridad, el cual no ha dado resultados.
“Desafortunadamente este proceder es tener inocentes en la cárcel y culpables en libertad y va a ser mínimo el número de personas que van a ser beneficiadas. Hoy por hoy no hay en la cárcel en el ámbito federal, personas detenidas por aborto”, aseveró.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón, comentó a este diario que hay otras alternativas a la prisión, pero el problema es que en México no las aplican, y añadió que esta ley tiene un fin político para decir que se está haciendo algo.
“En la realidad no tiene ningún impacto, ¿en dónde está lo significativo? Lo que están haciendo los legisladores de Morena es cumplir los caprichos del Presidente”, apuntó.
Resaltó que hay otras vías, revisar los expedientes y analizar a cuantas personas les falta seis meses por cumplir su pena y otorgarles la libertad anticipada, “pero aquí se están brincando a los jueces de ejecución de penas”.
LEG