La terca realidad -esa que obligó al Gobierno de López Obrador a sacar a los militares para hacer tareas de seguridad pública-, le puso el pie ayer al intento de regreso a la “nueva normalidad’’.

Ayer se registró el mayor número de contagios en un día en el país (2,409) y la cifra de muertos fue de 257.

Con estos números, ¿quién cree posible regresar a las actividades productivas a partir del lunes próximo?

Sin querer caer en el pesimismo, ni siquiera se ve probable que las actividades se reanuden a partir del primer día de junio, que es hasta ahora el escenario más optimista del Gobierno federal.

Se siguen instalando hospitales en donde se puede para atender la demanda de atención médica; se publican reportajes en los que ni las agencias funerarias se dan abasto por la cantidad de clientes, se sigue reconociendo que las cifras de víctimas fatales están por debajo de la realidad.

Todo esto deben tomar en cuenta los gobernadores ante la presión de sus gobernados, sobre todo los que tienen negocios, para reanudar actividades lo más pronto posible.

Por ejemplo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, lidia en estos días con los prestadores de servicios en el estado que no quieren que se cancele la fiesta de la Guelaguetza, que deja una derrama económica importantísima en la entidad.

Los paquetes para poder asistir a esta fiesta que se celebra los dos últimos lunes del mes de julio, van desde los 8,000 hasta los 40,000 pesos en una habitación doble.

El gobernador Murat sabe de la importancia económica del evento pero también del riesgo de contagio masivo, pues el auditorio en donde se realiza la fiesta alberga a 10,000 personas.

La propuesta de Murat es posponer la celebración de la fiesta. ¿Para cuándo? Sencillamente para cuando haya garantías para la salud de los locales y los visitantes.

Los empresarios no quieren perder y se entiende; pero precipitarse y autorizar la realización del evento podría generar una ola de contagios superior a los que tiene hoy la entidad, por cierto, la que menos casos registra a nivel nacional.

Es solo un caso, pero como ese, cientos, tal vez miles en todo el país.

Pero una cosa son los deseos, la urgencia y otros los fríos números que diariamente nos receta la cruda realidad.

Y contra eso hasta el momento no hay vacuna.

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Esa propensión del presidente López Obrador a minimizar cualquier actividad que requiere años de estudios y especialización ya le está haciendo daño a su Gobierno.

Si se lo dicen o no, parece no importarle.

Minimizó el trabajo de economistas –“una madre de familia lo hace mejor’’, dijo-, de arquitectos, de ingenieros, de periodistas.

De la misma forma que minimizó el ejercicio de gobernar y los requerimientos técnicos para extraer petróleo –“se hace un agujero y se pone un tubo’’-, y ahí están las consecuencias.

¿Qué mueve al Presidente a menospreciar la preparación académica y privilegiar el conocimiento empírico como ejemplo de honradez y suficiencia?

¿Y sus asesores y secretarios de Estado no se dan por aludidos?

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Como el Senado se ha convertido en una especie de Oficialía de Partes, toca el turno mañana a los desarrolladores inmobiliarios, encabezados por Enrique Téllez, de reunirse con Ricardo Monreal.

El zacatecano también se reunirá con empresarios del sector automotriz entre ellos Oscar Albin, Miguel Elizalde, Fausto Cuevas y Guillermo Rosales.

Todos llegarán con la vela encendida esperando que Monreal les haga el milagro.

LEG