Se ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General del Baja California contra los funcionarios coludidos en la aprobación de la “ley Bonilla”, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional, además, este jueves el PAN presentó una denuncia de seguimiento a presunto caso de corrupción, informó la legisladora Gina Cruz.
También se propondrá un Punto de Acuerdo en el Senado para formular un juicio político contra los munícipes que formaron parte de las sindicaturas.
Al respecto, la senadora panista explicó que lo ocurrido en Baja California donde autoridades locales estuvieron involucradas en la aprobación de la ley que ampliaba el mandato del actual gobernador de dos a cinco años, amerita la denuncia que se interpuso ante la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que deslinden responsabilidades por presuntos actos de corrupción de los 21 legisladores que la aprobaron y otras autoridades incluido el actual mandatario.
“Tomando en cuenta lo que dijo el ministro presidente, eso fue un fraude a la Nación”, expuso la legisladora bajacaliforniana.
Detalló que en esa acción estuvieron involucrados diversas autoridades como tres alcaldes, regidores síndicos y dos magistrados electorales, que emitieron sentencia favorable en un proceso local, que después la SCJN lo echó atrás.
Indicó que los panistas que estuvieron involucrados en esos actos fueron expulsados del blanquiazul, como es el caso del esposo de la alcaldesa de Mexicali y la ex alcaldesa de Rosarito.
EFVE