La elección puso en evidencia, lo que a lo largo del sexenio nos hemos negado a ver: el modelo institucional mexicano esta rebasado por su realidad. La realidad no es ni mejor ni peor que nuestras instituciones. Simplemente, es diferente.
Hubieron excesos en las campañas: vimos a todos los partidos abusar. Destacó el PRI por tener más dinero y por la calidad de su operación en esa zona ambigua en la que se aparenta cumplir con la ley pero que violenta lo que ésta pretende regular. El PRI combinó una campaña que reflejaba lo que el votante quería escuchar, con la esperanza que el PAN nunca pudo dar y la organización que la izquierda no pudo lograr. A la vez, garantizaron la ausencia de prueba jurídica alguna que evidenciara el lado obscuro de su operación: el dinero.
Por más quejas que se interpongan, es difícil probar sus excesos: los videos de youtube no son válidos jurídicamente; no se puede demostrar que un individuo vota por un partido como producto de una amenaza o prebenda; la ingeniería financiera permite, triangulaciones indescifrables, más si se cuenta con 21 gobiernos estatales dispuestos a trabajar por una campaña común. Los priistas conocen el sistema y lo saben explotar, pero subestimaron el impacto de las redes y los medios. Llevaron al límite la legalidad del proceso y ahora, aunque su gobierno sea legítimo, lo pagan con ausencia de credibilidad.
Es probable que, el 1º de julio, el voto se haya respetado. Peña ganó pero, por algo, un sector creciente de la población lo duda y se moviliza. Más allá de AMLO, hay grupos inconformes que toman las calles.
La ley electoral, por diseño, abre la puerta a los abusos, complica la validez de las pruebas y imita la fuerza institucional para hacerlo. La FEPADE está saturada y carece de capacidad para probar los abusos. El IFE no puede controlar los gastos de campaña, ni tiene fuerza para anular o invalidar una elección. Esto no es culpa de los organismos sino de su diseño institucional.
Peña presidirá a la Nación con el cuestionamiento popular que gestó la impunidad de la “operación” de su partido. El malestar social que generó, en ausencia de mecanismos democráticos de control, los pone en jaque. Ni pueden reprimir, ni hay con quien negociar. Han respondido con propuestas de apertura y democracia pero el golpe al sistema político está dado y su capacidad de instrumentar una transformación institucional está en duda.
Quedaremos con el antecedente de una jornada electoral limpia, según las instituciones, pero que el ciudadano percibe sucia. Con un monitoreo de medios que huele a sesgo; con una cuantificación de gastos de campaña que dejan una sensación de abuso. Las encuestas demostraron técnicamente su imparcialidad pero quedó una imagen de manipulación.
Es inútil discutir quien tiene la razón, si los tribunales o la población. Lo único que queda claro es esta creciente brecha entre lo que la gente ve y lo que las instituciones afirman.
La justicia no es sujeto de opinión pública. La violación de la ley depende de su redacción. Es difícil creer que todas las instituciones se encuentren cooptadas o corrompidas. Más bien parece que los valores sociales han cambiado y que el marco institucional ha sido rebasado.
Ojala el PRI entienda que así no podrán gobernar y que no caigan en la tentación de resguardarse en letra muerta. Ojalá entiendan que no podrán adaptar la realidad a la teoría y que es hora de una reforma institucional que incorpore a la realidad más allá de la validación de un tribunal.
@cullenaa | Fb: La caja de espejos