El Movimiento Progresista podría acudir a instancias internacionales para impugnar la elección presidencial en caso de que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les resulte desfavorable.
Esto, debido a que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece formas de interpretación jurídica que no existían en 2006 y que abren la puerta para que Andrés Manuel López Obrador pueda impugnar la elección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Independientemente de la decisión que tome el Tribunal Electoral las personas que se consideren afectadas o violentadas en sus derechos pueden acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana, si la comisión así lo estima. Es decir, que este asunto sí abre la posibilidad de acudir ante instancias internacionales de protección a derechos humanos”, aseguró Jaime Cárdenas, encargado del equipo jurídico del tabasqueño.
Según el documento presentado por los partidos de izquierda ante el TEPJF, esto será posible luego de que “la reforma constitucional al artículo primero ha abierto un nuevo espectro en la interpretación de las normas constitucionales y legales, privilegiando la protección de los derechos humanos sea que se encuentren consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales, adquiriendo la misma jerarquía”.
De acuerdo con Cárdenas, la reforma de 2011 establece dos tipos de interpretación jurídica que deberán ser considerados por los magistrados a la hora de argumentar su fallo: la interpretación conforme y la interpretación pro homine.
La primera indica que el orden jurídico debe revisarse a partir de la Constitución y los tratados internacionales. La segunda señala que cuando algún recurso o juicio tiene que ver con derechos humanos, en este caso con los derechos de participación política, de votar y ser votado, los derechos de la Constitución deben maximizarse para buscar la interpretación más favorable a las personas para garantizar su derecho al voto libre.
“Para que una elección sea constitucional y democrática, el voto debe tener ciertas características, sobre todo la libertad, que no haya habido compra de voto, presión, coacción del voto. La autenticidad del voto significa que las condiciones de competencia entre los partidos hayan sido equitativas, algo que tiene que ver con todos los partidos y candidatos. Nosotros sostenemos en el juicio de inconformidad que no hubo condiciones equitativas y por lo tanto no se garantiza el principio de voto auténtico”, explicó el diputado por el PT.
De este modo, el Movimiento Progresista fundamentó su protesta en los artículos 1, 6, 7, 9, 41 y 133 de la Constitución, los artículos 1, 2, 23, 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 2, 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual abre la posibilidad de impugnar ante instancias internacionales.
Agregó que en los próximos días se presentará el escrito formal para solicitar la exclusión de los magistrados Alejandro Luna Ramos y María del Carmen Alanís, luego de que el primero emitiera “juicios anticipados” y la segunda tiene una afinidad con el PRI, situación que a consideración de la izquierda vulnera la imparcialidad del proceso.
Llega documentación al Tribunal
Funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) entregaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el expediente del juicio de invalidez de los comicios presidenciales promovido por el Movimiento Progresista.
La tarde de ayer, personal del IFE proporcionó a la Oficialía de Partes del TEPJF varias decenas de cajas que contienen dicho expediente, así como los argumentos del PRI a favor de la legalidad del proceso.
Custodiados por elementos del Ejército mexicano y durante una hora y media se entregaron unas 50 cajas con expedientes, documentos, facturas, videos, tarjetas y monederos electrónicos, así como electrodomésticos como estufas, cafeteras y planchas, entre otros.
El expediente del Movimiento Progresista incluye varios capítulos como el agravio y la violación al principio de equidad, por el supuesto rebase de los topes de gastos de campaña fijados por el IFE en 336 millones de pesos.
Dentro del paquete que entregó el IFE al TEPJF se encuentran también los argumentos de “terceros interesados” en este juicio, es decir, el PRI y el Partido Verde, que incluye más de mil 600 cuartillas.