No es la Ley Francesa del 29 de marzo de 1935.
En ella, desde aquel tiempo, se garantiza la libertad de conciencia de los periodistas.
Una disposición con antecedentes europeos en la República Weimar de 1925 o la de Checoslovaquia de 1927.
Es un precedente europeo y marcadamente francés para proteger a los trabajadores de medios que tengan objeción de conciencia.
Pero en la Ciudad de México -ojo: no en toda la República Mexicana- los periodistas tenemos una circunstancia distinta.
La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México -léase Rosa Icela Rodríguez- publicó un decreto “que abroga la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal”.
O sea, “se expide la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico” en la capital del país.
Pero reduzcamos el rollo.
Se refiere al Artículo 7 de la Constitución, donde se asienta la inviolabilidad “de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
MEJOR LA INDEMNIZACIÓN
Hasta ahí parece todo ceñido a la Constitución.
Acaso lo novedoso en el decreto de Gobierno de la Ciudad de México suscrito Rosa Icela Rodríguez sea la denominación de “cláusula de conciencia”.
Todos los medios, dice la nueva disposición, deberán establecer códigos de ética y estatutos de redacción.
Bien, pero según el artículo 7 del decreto, “sin responsabilidad, las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas” podrán pedir la rescisión de contratos por razones de conciencia.
Si su medio realiza “un cambio sustancial, objetivo y reiterado de orientación informativa, criterio y principios editorial”.
La ideología, claro, juega un papel importante.
Y, avance, sienta:
“La citada cláusula de conciencia en ningún caso podrá ser invocada por la empresa o medios de comunicación”.
Queda un vacío:
Se protege la conciencia del colaborador, pero no se precisan sanciones para quien incumple el contrato y acaso sea más conveniente esperar el despido y reclamar la indemnización.
UN TRATO INFERIOR A EVO
Cosas de este Gobierno:
El destituido presidente de Bolivia Evo Morales pudo tener un avión oficial mexicano para asilarse en México.
Al amparo y promoción del canciller Marcelo Ebrard, se hizo un periplo novelesco para sacarlo de la Paz y traerlo a la Ciudad de México, donde recibió trato de jefe de Estado.
Hasta que Estados Unidos protestó -Donald Trump no merece un desaire- y se le buscó acomodo: vía La Habana llegó a Buenos Aires para desde ahí dirigir la rebelión en Bolivia.
Él tuvo todos los privilegios, hasta una residencia oficial y un equipo de protección del antaño Estado Mayor Presidencial (EMP), hoy resucitado sin protocolos para seguridad del gabinete legal y ampliado.
Pero el mandatario mexicano, por decisión propia, no tuvo ese privilegio y viajó en vuelo comercial a Washington para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y mientras, el TP-01 se pudre en California en espera de cliente y de una rifa del avión presidencial de Enrique Peña Nieto sin avión presidencial -“que no lo tiene ni Obama”- a un costo mayor de cualquier boleto a la capital estadounidense.
Una inseguridad con riesgo para el país pero de altísimo rendimiento político.