Un video del centro comercial Perisur, un informe de la DEA y un pasaporte son algunas de las pruebas ofrecidas por la defensa para demostrar que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha resistido a desahogar y la falsedad de las imputaciones en contra del general Tomás Ángeles Dauahare sobre sus nexos con el narcotráfico.
Los abogados del militar buscan a toda costa que la PGR las valore antes el próximo 3 de agosto, cuando vence la ampliación del arraigo concedida por un juez en contra del mando castrense y cuando se deberá definir si se solicita la orden de aprehensión en su contra o se le deja en libertad.
Pero ante la negativa de la Procuraduría de dar trámite a las probanzas, los litigantes lograron mediante un amparo que se le llamara la atención al Ministerio Público por no admitirlas e incluso le fijaban un plazo de 24 horas para ello. Sin embargo, la PGR consideró esto un exceso y apeló ante un tribunal.
De acuerdo con la demanda de amparo 557/2012, son seis las principales pruebas de descargo que la defensa, que encabeza el abogado Ricardo Reyes Retana, busca que sean tomadas en cuenta y que atacan directamente las imputaciones hechas por los testigos protegidos “Mateo” y Jennifer”, ambos bajo resguardo de la DEA.
Según esas declaraciones el general Ángeles, entre otros militares, sostuvieron diversas reuniones con capos de los Beltrán Leyva a los que ofrecieron protección institucional para facilitar sus operaciones de trasiego de drogas, además de proporcionarles datos de operativos e inteligencia.
Una de las pruebas requeridas son las imágenes de las cámaras del estacionamiento del centro comercial Perisur, correspondientes al mes de junio del 2008. Según lo dicho por “Mateo”, en ese sitio se reunió el general con gente del referido grupo delictivo.
La segunda prueba que la defensa quiere aportar es el pasaporte y boletos de avión de un viaje que Ángeles hizo a Alemania en la misma fecha en la que se asegura que se reunió con capos de los Beltrán Leyva. También se pide comprobar esto con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM).
El tercer elemento son los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que evidencian que el general ya no laboraba como subsecretario en las fechas en que dicen los testigos que supuestamente se reunió con narcotraficantes y les ofreció protección gracias a su cargo.
Los abogados también han ofrecido como cuarto elemento evidencia documental que acreditaría el origen legal del patrimonio del general, y como quinta prueba a desahogarse una solicitud de información a la DEA, en donde se informe si dicha agencia estadunidense tiene elementos que liguen al general con la delincuencia organizada.
En entrevista con 24 HORAS, el abogado Reyes Retana acusó que desde finales de mayo están “batallando” para que la dependencia que encabeza Marisela Morales les respete su legítimo derecho a la defensa y admita los elementos que pretenden aportar a la averiguación.
Apela PGR ante tribunal
Por: Mónica Hernández y Arturo Ángel
La PGR impugnó la resolución de la juez 12 de Distrito de Amparo en materia Penal, que ayer lanzó un segundo emplazamiento a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para integrar en la averiguación del ministerio público las pruebas de descargo promovidas por la defensa del general Tomás Ángeles Dauahare.
Este recurso de revisión, en el que la Procuraduría considera “indebida y excesiva” la resolución del juzgado, fue turnado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal.
“Con su resolución para que la SIEDO responda en un periodo perentorio de 24 horas a las promociones, la juzgadora está prácticamente anticipando el juicio sin haberse realizado este, e incluso adelantando el sentido de una sentencia, lo cual excede sus facultades”, dijo la Procuraduría en una tarjeta informativa.
La dependencia federal indicó que desde el 5 de julio se dio entrada a las pruebas de descargo de la defensa aunque no con el detalle o profundidad que pretendían, argumentando que su desahogo no corresponde al Ministerio Público, o que no se trata de del “momento procesal oportuno”.
En contraparte, la juez de amparo consideró que al no integrar al expediente los escritos de desahogo de pruebas de descargo, existe una violación al amparo que otorgó a favor de Ángeles Dauahare, bajo el expediente 557/2012, por lo que emplazó a cumplir con la aceptación de las pruebas en un plazo no mayor a 24 horas, que vencían ayer, pero quedo suspendido por la impugnación interpuesta por la PGR.