Al resaltar que la llamada Ley Inquilinaria, que se analiza actualmente en el Congreso de la Ciudad de México, “no afecta el derecho a la propiedad privada”, la diputada morenista Valentina Batres, una de las impulsoras de la iniciativa, aclaró que lo que se pretende es aumentar los mecanismos para formalizar las relaciones entre inquilinos y arrendadores.
Destacó que esta propuesta surge de diversas organizaciones civiles, la cual fue recogida por la diputada Batres junto con la diputada Martha Ávila, pues el Congreso no puede cerrar los oídos a la ciudadanía”.
Aseguró que, contrario a lo que han dicho los detractores de la propuesta, la iniciativa no pretende afectar la propiedad privada, pues aún en medio de una emergencia nacional, como es el caso de la pandemia por Covid-19, lo que se busca es establecer un mecanismo con el que “de forma voluntaria”, las autoridades actúen como mediadores entre quienes rentan y los dueños de los inmuebles.
De acuerdo a la iniciativa, en caso de emergencia nacional, desastre natural o cualquier otra que paralice las actividades económicas, el arrendatario tendrá derecho a plantear al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones de contrato. Para estos efectos se podrá recurrir a mecanismos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia local.
La diputada destacó que, de acuerdo a primeros datos recabados, se han registrado al menos siete desalojos diarios en el marco de la pandemia de Covid-19, debido a que los inquilinos se han visto afectados por despidos durante la emergencia sanitaria.
A ese respecto, Batres manifestó que lo que se busca es “formalizar la relación entre propietarios e inquilinos” y destacó a los dueños de los inmuebles que esta iniciativa garantiza su libertad para “utilizar sus propiedades como mejor les parezca”.
Y es que recordó que existen inquilinos que ni siquiera cuentan con contrato de arrendamiento, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos por parte de los arrendatarios.
Sobre la postura emitida por la Coparmex Ciudad de México, acerca de que la iniciativa pretende trasladar la responsabilidad de garantizar vivienda digna por parte del Estado a los dueños de los inmuebles, destacó que esto no es así pues estos últimos no se verán afectados en sus propiedades.
Coparmex rechaza la propuesta
Redacción
La Coparmex en la Ciudad de México lanzó un llamado al Congreso capitalino para generar una discusión más amplia sobre las propuestas de reformas al Código Civil en materia de arrendamiento pues, afirmó, ponen en peligro el Derecho a la Propiedad en la capital.
“Los empresarios de la CDMX, estamos convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda de los capitalinos a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental”, destacó la organización en un comunicado.
Destacó que se ha señalado el impacto económico que ha provocado en todo el mundo la pandemia de Covid-19, situación “que ha creado inestabilidad de los ingresos a las familias, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas”.
Destacaron que la iniciativa frena la competitividad de la Ciudad de México, y por el otro lado encarecería los precios de los arrendamientos, derivado en una poca oferta de inmuebles para arrendar.
LEG