Pedro Joaquín Coldwell, dirigente del PRI, se dijo sorprendido por la actitud del líder nacional del PAN, Gustavo Madero, que llamó errática y que no se corresponde con otras personas de la dirigencia.

 

El partido presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que investigue las imputaciones por lavado de dinero que han hecho el PAN y el Movimiento Progresista y demandó “se castigue a quienes irresponsablemente han hecho de la mentira un instrumento de propaganda política”.

 

El senador consideró que el anuncio de que ambos partidos pedirán que se investigue el presunto uso de monederos electrónicos de Monex para comprar votos no representa la creación de un frente común con el PRD en contra de su partido porque los perredistas piden la invalidez total de la elección presidencial y el PAN se deslinda.

 

Una vez más, el PRI respondió casi de inmediato a las imputaciones de sus adversarios. En este caso las imputaciones de PAN y PRD fueron para acusarlos de lavado de dinero.

 

El PRI envió a la defensa a Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional; Jesús Murillo, integrante del equipo jurídico de Peña Nieto; Raúl Cervantes, abogado del partido, y Eduardo Sánchez, vocero.

 

Señalaron que PRI y PAN sólo hablan de presumir y suponer y no de acciones que vengan acompañadas de pruebas sólidas y lo único que hacen es un gran despliegue mediático, ya que no les interesa ganar juicios sino estar en los medios de comunicación.

 

Joaquín Coldwell subrayó la enorme inconsistencia que ha habido en las acusaciones que han lanzado PAN y PRD en el tema de Monex, primero señalaron un supuesto contrato por 56 millones de dólares para una campaña de publicidad en Estados Unidos; después  la acusación fue por 700 millones de pesos para compra de votos en México.

 

Cuando se probó la falsedad de ambos argumentos hablaron de cerca de 70 millones de pesos: “Ha habido acusaciones muy poco sólidas en este sentido, muy infundadas, y llama la atención cómo nuestros adversarios, cuando se les agota un acusación, cambian a otra más”.

 

Subrayó que ninguna de las denuncias está acompañada de pruebas sólidas y sí de un gran despliegue mediático para descalificar a las instituciones y al proceso electoral que transcurrió dentro de la normalidad democrática.

 

Murillo Karam señaló que hay que hacer cuentas del fraude que hace quien miente, porque inventar shows es muy fácil, pero el problema es que no se puede acusar injustamente, ni hacer de “pretensiones calenturientas” un asunto legal.

 

Las autoridades electorales tendrán que definir estos casos y el plazo para calificar la elección termina el 6 de septiembre.