Los tres poderes de la Unión coincidieron en la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma profunda al sistema de justicia en México, con el fin de que todas las personas, tengan acceso a una justicia moderna, eficiente y de calidad, que restituya derechos a las víctimas.

Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enfatizó la necesidad de modernizar la justicia federal.

“En este momento, además tiene un renovado sentido de urgencia, no solo porque la pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de un acceso a la justicia más moderna y de mejor calidad, sino porque es indispensable recuperar el tiempo perdido y llevar lo antes posible una justicia más cercana, con mayor sensibilidad social y humana; más eficiente y eficaz al pueblo de México”.

Al participar en el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, organizado por el Senado de la República, el ministro Zaldívar destacó que con esta reforma la Corte resolvería menos asuntos y se enfocaría en desahogar solo aquellos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

“La Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales, que absorben un porcentaje demasiado alto en sus recursos institucionales y de sus energía, sin beneficio tangible para la sociedad”.

Durante su participación, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó que existe un clamor popular de justicia, de que su acceso sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica.

“En la Cuarta Transformación estamos convencidos de una justicia accesible para todas y para todos los mexicanos, de manera tangible, que no se quede únicamente en las narrativas oficiales, sino que se haga realidad en nuestras acciones”.

Mientras que Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, reconoció que la consolidación del Estado de derecho es el gran pendiente del Estado mexicano, para lo cual resulta fundamental el proceso de selección de juzgadores.

“Hoy vemos jueces que terminan convirtiéndose en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas al abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades. Como servidores públicos no podemos aceptar la incorporación de familiares, amigos, como la regla que siga imperando en la integración de nuestro Poder Judicial, cuando el único principio tenía que privar para estos efectos es el mérito personal”.

En la mesa de análisis, también participó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien advirtió que la reforma que se haga al sistema de justicia, no podrá ser regresiva en cuanto a los derechos establecidos para las personas.

Reconoció que la justicia actualmente está asechada por 3 amenazas y 6 vulnerabilidades.

Entre las amenazas, la más importante tiene que ver con la delincuencia organizada y con la detección junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y del Sistema Nacional de Inteligencia de 19 organizaciones delictivas de alto impacto”.

Dijo que estos hechos generan un importante flujo de recursos financieros ilícitos en el país y por tanto es necesario que las legislaciones normativas ataquen a este tema que se vincula con la proliferación de actividades ilícitas por parte de los grupos delincuenciales”.

 

DAMG