Todo el arsenal de la izquierda cabe en 638 páginas. La artillería pesada, las armas secretas y la caballería de López Obrador están en un texto cuyo pálido nombre, SUP JIN 359/2012, no refleja sus colosales intenciones: anular la elección a Presidente de la República.
Esta demanda es el último recurso legal que le queda al PRD para pelear por Los Pinos. Con ella tiene que librar la madre de todas las batallas. Es aquí y ahora donde debe presentar todas las pruebas.
Hay que buscar en todos lados: el pasado 17 de julio, Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recordó que esa instancia no investiga las denuncias, como en su momento hizo el IFE, sino que sólo trabaja con base en las pruebas que aporten los inconformes. Esto significa que, jurídicamente, sólo existe lo que ya esté dentro del expediente. El resto es silencio.
Por todo el país —y aún más allá—, el equipo de López Obrador rastreó las evidencias de que la elección fue tan sucia que debe cancelarse. Buscaron en la Constitución y en los comunicados del IFE, en asociaciones civiles y en monitoreos, en encuestas y en notas periodísticas, en las denuncias del PAN, en supermercados y en videos de YouTube, en las transmisiones marcianas de Orson Welles y hasta en las revistas Quién y TvNotas.
El tribunal decidirá, antes del 6 de septiembre, si la izquierda encontró lo suficiente.
La exigencia
Firmado por los representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano ante el IFE, y enviado el 12 de julio al TEPJF (antes llamado Trife), el documento declara sus intenciones en la tercera página: “Se interpone juicio de inconformidad solicitando la declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre, y por la cancelación del registro de candidato al c. Enrique Peña Nieto, por rebase de topes de campaña”.
Y si la exigencia es de gran calado, el método propuesto no lo es menos: “Se solicita aplicar de manera directa la Constitución, a efecto de proteger los principios consignados en la citada Carta Magna, de renovación del poder Ejecutivo Federal mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, asentados en el artículo 41 constitucional.
Esta solicitud no es gratuita. Ocurre que los argumentos presentados por el PRD, incluso si todos se comprueban, no configuran en sí mismos una causal para anular los comicios, según las actuales leyes electorales. Antes había algo llamado “causal abstracta de nulidad”, pero desde 2007 no existe.
Así que, o la izquierda demuestra que la ley violada es la mismísima Constitución o se queda con un palmo de narices.
“Si se presentan casos en los cuales las irregularidades acaecidas en un proceso electoral son contrarias a una disposición constitucional, evidentemente ese acto o hecho, de afectar o viciar en forma grave y determinante al proceso comicial, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a la norma suprema”, explican los doctores en derecho Manuel González Oropeza y Carlos Báez Silva.
De modo que la estrategia es demostrar que se violaron los derechos humanos y las garantías individuales de los votantes, además de los principios generales de debe tener toda elección. ¿La táctica? Evidenciar que la elección fue una suciedad generalizada, documentando la mayor cantidad de chapuzas que se pueda.
La demanda de la coalición, entonces, se basa en denunciar el exceso de gasto en la campaña priista, en señalar que las encuestas fueron pagadas, en que se contrató publicidad de manera encubierta y en que hubo esquemas de triangulación y lavado de dinero para atraer recursos a la campaña y para comprar votos. En total, la demanda enumera 82 pruebas. Con abundancia de notas periodísticas y videos tomados de YouTube. Ya se verá el valor probatorio que tendrán.
Con esas evidencias, el PRD acusa que Enrique Peña Nieto gastó 4 mil 600 millones de pesos durante su campaña política. El problema es que el tope de gastos señalado por el IFE era de 336 millones 112 mil 84 pesos. Esto significa que el candidato priista, de acuerdo con las cifras de la izquierda, gastó 13.6 veces más de lo permitido.
Pero realmente ese tampoco es el problema. El gran asunto es que aunque la alianza PRD-PT-MC demuestre esa acusación (cosa harto difícil, según juristas), el castigo no pasará de una multa. Por eso, afirma la izquierda, el escarmiento “debe ser persuasivo, evitando que el beneficio de violar la norma sea superior a cualquier tipo de sanción administrativa como puede ser una simple multa”.
¿Pero en qué se gastó tanto dinero? ¿En banderines y lapiceros? El PRD dice que no.
Medios y tarjetas
La culpa de todo la tiene el “efecto Bandwagon”, afirman los acusadores. Este fenómeno, también conocido como “efecto arrastre”, consiste en que las personas deciden votar por el candidato que la mayoría considera puntero (o que es proclamado como tal por los medios de comunicación), con el fin de quedar “en el grupo de los ganadores”.
Y que nadie subestime el poder de la comunicación masiva, advierten los obradoristas. “El mejor ejemplo de la capacidad de los medios para posicionar información, aunque esta sea falsa o mentirosa, es el ejercicio realizado por Orson Welles al adaptar a la radio, (la novela de H.G. Wells) La guerra de los mundos [en 1938]”. Y para que no queden dudas, ponen el link de YouTube en el que se escucha aquel programa.
Consciente de esto, asegura la izquierda, el PRI y el PVEM gastaron centenas de millones de pesos en comprar información, comunicadores y publicidad encubierta. En primer lugar, mediante encuestas que Peña Nieto, apuntan, encargó y usó como propaganda. El PRD asienta que fueron compradas porque las diferencias que marcaban entre Peña Nieto y López Obrador eran de hasta 20 puntos porcentuales, cuando en la realidad quedaron a menos de siete. Esto demuestra que esos ejercicios estadísticos “no fueron realizados cumpliendo los criterios generales de carácter científico que exige la ley”, pues excedieron por mucho los márgenes de error.
Además, el 10 de enero de 2012, acusan, la empresa Astron Publicidad expidió al gobierno del Estado de México una factura por un millón 150 mil pesos, con concepto “Comentarios de López Dóriga trasmitidos dentro de su noticiero y en el noticiero de Óscar Mario Beteta”. La denuncia asegura, además, que el PRI pagó más de 22 millones de pesos a Grupo Fórmula, por cobertura positiva; que Organización Editorial Mexicana no realizó una sola nota crítica contra Peña durante toda la campaña, y que el equipo priista incluso pagó seis millones de pesos a la revista Quién -y otra fuerte cantidad a la revista TvNotas- para que hablaran bonito del candidato y de su esposa, la actriz Angélica Rivera.
Aseguran que lo más oneroso, sin embargo, es el convenio que el PRI presuntamente firmó con Televisa desde que Peña era gobernador, para promocionarlo.
Las pugnas postelectorales crean extraños compañeros de cama. Hace seis años, el gran enemigo de AMLO era el PAN. Ahora son aliados: el líder panista, Gustavo Madero —a despecho del presidente Calderón— se ha sumado a las denuncias de irregularidades y ha anunciado acciones en conjunto con el perredismo. Y todo empezó cuando, aún en campaña, el albiazul denunció el reparto de tarjetas Monex, con las que presuntamente el PRI compró y coaccionó el voto.
El PRD retomó el caso en la demanda. Acusa que sólo con este esquema el priismo gastó 701 millones (el doble del tope de gasto). El IFE, de hecho, aceptó que las tarjetas que se presentaron como prueba corresponden a un lote de 9 mil 924, fondeadas con 70 millones de pesos.
También está el caso de Soriana, donde acusan que el PRI usó monederos y tarjetas de descuento para atraer voluntades.
Pero por tarjetas no paramos. El PRD asegura que incluso se repartieron tarjetas de teléfono para adquirir votos. Y tarjetas “Premium Platinum”, que daban beneficios en diversos establecimientos. Y tarjetas de programas sociales.
El PRI, afirman los obradoristas en la denuncia, le apostó al miedo y a la violencia. Pagó a un grupo de choque en el estadio Azteca, contra jóvenes del movimiento #YoSoy132. Utilizó a niños (“halconcitos”) para confirmar que los adultos votaban por el PRI. Mandó a representantes agresivos a las casillas (algunos armados). Utilizó patrullas para acarrear gente, desató peleas, empleó amenazas, recurrió al robo de material electoral.
Y, aseguran retomando un supuesto documento del SNTE, ese sindicato volvió a operar contra el perredismo. Mediante el “Operativo Ágora”, el gremio de Elba Esther Gordillo gastó 151 millones para movilizar a cinco millones de personas, previamente persuadidas de las bondades de Peña Nieto.
Y los números siguen sin cuadrar, se lee en la demanda. Según Alianza Cívica —retoma el PRD—, 21% de casillas tuvieron irregularidades y 18% de los ciudadanos fueron presionados para ir a votar. Además, 71 mil 671 casillas (50% del total) tuvieron diferencias entre la votación final emitida entre los votos a presidente, a diputados y a senadores.
Además, asienta, hubo diferencias entre la lista nominal aprobada, la lista nominal referida en el PREP y la lista nominal de diversos distritos.
La elección debe estar calificada el 6 de septiembre. Nos separan 45 días. Y 638 páginas.
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