¿Recuerda cuándo fue la última vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó una obra en una de sus giras? ¿No?

Las giras del Presidente por el interior del país se han convertido en la extensión de su campaña política.

Detenida la inversión pública federal por decisión del Ejecutivo -aunque el pretexto ha sido la pandemia-, no hay obras en construcción que no sean las tres emblemáticas: el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Tres Bocas y el Tren Maya.

De los tres el único que presenta avances -y no en el porcentaje prometido- es el aeropuerto; las otras dos obras, sobre todo el Tren Maya, están en veremos.

Hay avances en otros proyectos, como en el Tren Transístmico, que podría ser la gran obra sexenal por sus beneficios -el aeropuerto se construye cuando el mercado aeronáutico está en bancarrota-, pero en general la inversión federal en obras está detenida.

En sus giras, el Presidente va a prometer resolver problemas y a criticar a sus adversarios políticos, a justificar sus decisiones con actos del pasado.

Nada le impide al Presidente recorrer el país; es su obligación hacerlo.

El tema es que no hay escuelas nuevas, ni carreteras, ni hospitales -a pesar de que rescataron más de 300, según cifras oficiales, que estaban en obra negra-; no hay nuevas redes de agua o drenaje, no hay nuevas presas ni plantas de energía.

No hace mucho, un legislador de Morena contaba a quien esto escribe que no podía pararse en el distrito por el que fue electo pues sus habitantes están acostumbrados a que su diputado, local o federal, sirva como gestor de obras y hasta que coopere para las fiestas patronales.

Hoy ni diputados ni senadores tienen recursos para gestionar obras; los estados padecen para completar la nómina y mantener más o menos en buenas condiciones los servicios actuales porque el impacto de la crisis económica ha sido de tal impacto, que ahora vemos a las remesas de los mexicanos en Estados Unidos como la tabla de salvación.

Si esa es la situación actual, ¿cómo vendrá el presupuesto para el próximo año? ¿Habrá recursos para la inversión federal en los estados?

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Los radicales de Morena en el Senado, encabezados por Martí Batres -¿quién más?-, oficializaron la petición de consulta en contra de los ex presidentes, promovida desde el púlpito de las mañaneras.

La petición está firmada por 15 de los 66 senadores de Morena; todos identificados como los radicales, entre los que se encuentran Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado, José Narro Céspedes, entre otros.

La pregunta es si Ricardo Monreal, doctor en derecho constitucional, alentará al resto de la bancada a firmar la petición -se requiere del 33% de las firmas de los Senadores y Morena tiene más del 50%- sabedor de que tal consulta no tiene futuro jurídico pero es un rico filón mediático.

Hasta parece que lo están probando.

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No sabemos para qué quiere el presidente López Obrador una marca registrada de su nombre, concedida ayer por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por diez años, hasta el 2030.

Ni modo que se oponga a la venta de camisetas con su foto, o de muñequitos de cualquier material, tamaño y calidad que se ofrecen en cada uno de sus eventos.
A lo mejor quiere prohibir que se use su nombre en los cientos de programas de comedia que abundan en Internet.

¿O será que quiera cobrar regalías a quien utilice su nombre o sus iniciales sin su permiso?

¿Pues no que él “ya no se pertenecía’’ sino que era propiedad del pueblo?