De la primera revisión a las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para demandar la invalidez de la elección presidencial se desprende que entre los argumentos hay mucha propaganda, pero las evidencias no sustentan las irregularidades denunciadas.

 

El personal adscrito a las ponencias de los tres magistrados que se encargarán de analizar los juicios de inconformidad presentados por los partidos de izquierda -Salvador Nava Gomar, Flavio Galván y Constancio Carrasco- ya analiza las pruebas que presentó la coalición. Consultados por 24 HORAS, asesores señalan que, por ejemplo, el Movimiento Progresista entregó numerosas fotografías y videos para documentar las irregularidades que reclama; sin embargo, no indicó qué pretende acreditar con ellas, es decir la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

 

Los equipos de los magistrados que preparan el proyecto de sentencia que será presentado al pleno de la Sala superior para ser votado en sesión pública coinciden en que los argumentos de la impugnación son atractivos para los medios, como las tarjetas de Soriana que se usaron a manera de escenografía, pero los elementos de prueba aportados no son lo suficientemente sólidos para determinar el posible rebase de topes de campaña.

 

En este punto, enfatizan, lo importante es probar que con esas tarjetas se rebasó el límite de gastos aprobado por la ley, porque el solo hecho de entregarlas no representa violación alguna.

 

En el mismo sentido, entienden que el anuncio de la entrega de las pruebas tiene mucho sentido propagandístico porque, pese a que el denunciante no aporte pruebas, esto en ningún caso puede ser motivo para desechar el medio de impugnación.

 

Para la decisión de los magistrados es importante que haya los mayores elementos de información posibles, aunque la abundancia de pruebas provoca que el análisis se lleve más tiempo. En forma paralela, la investigación que hace la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral podría ayudar a tomar una decisión más informada en la calificación de la elección presidencial.

 

Los magistrados del Tribunal Electoral han insistido en que los partidos y autoridades como el IFE o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales son los responsables de presentar indicios de irregularidades, ya que el órgano encargado de impartir justicia en la materia no tiene facultades de investigación.

 

El TEPJF sí puede, sin embargo, requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, cualquier documentación que necesite para robustecer los juicios de inconformidad. Por tal motivo, puede ser de gran ayuda la investigación que realicen los órganos competentes, pero como no trabajan de manera simultánea sus hallazgos no necesariamente serán incluidos en la resolución.

 

Los medios de impugnación presentados tienen que estar claramente argumentados con lo establecido en la ley, el deber de la Sala del Tribunal Electoral es suplir las deficiencias en los agravios cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, lo que puede llevar bastante tiempo.

 

A pesar de los anuncios realizados por Andrés Manuel López Obrador en torno a la presentación de más pruebas en contra de Enrique Peña Nieto, la Ley General de Medios de Impugnación dice que “en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales”; las excepciones a esto son las pruebas supervenientes, que son las surgidas después del plazo legal, pero éstas se entregan a petición de la autoridad, no a consideración de los impugnantes.