En poco más de dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá decidir la constitucionalidad o no de la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se juzgue a los ex presidentes.
La totalidad de los juristas entrevistados, algunos de renombre, consideran que la petición no tiene sustento jurídico y por lo tanto la Corte deberá declarar la petición inconstitucional.
¿Por qué el Presidente, que tiene meses repitiendo que si fuera por él no llevaría a juicio a los ex presidentes cambió de opinión y promovió, de su puño y letra, la petición al Senado y este a la Corte?
Alguien en su gabinete lo convenció de la estrategia para evitar ser evaluado.
Tradicionalmente, las elecciones intermedias se consideran una evaluación del Gobierno en turno.
En las elecciones del 2015, se disputaron nueve gubernaturas de las cuales el PRI sólo mantuvo cinco a pesar de que la economía se encontraba estable, y los índices de inseguridad registraban aumentos moderados respecto al mismo periodo de Felipe Calderón.
Un año después, hubo elección para gobernador en 12 estados, de los cuales el tricolor sólo ganó 5, lo que motivó la renuncia del entonces presidente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones.
El Gobierno de Peña y el PRI no resultaron bien evaluados en esas dos elecciones.
Con la petición de consulta, lo que quiere López Obrador es que se evalúe el comportamiento de los expresidentes y no el de su Gobierno.
La consulta siempre ha sido una bola de humo; si hubiera algún delito por el cuál juzgar a los ex mandatarios la Fiscalía General de la República tendría la obligación de iniciar la investigación y llevar ante el juez a los ex funcionarios.
Si la administración federal está tan bien como dice el Presidente, no tendría temor de la evaluación a la mitad de su sexenio ni necesidad de quemar un cartucho, un recurso jurídico tan valioso, como la consulta ciudadana.
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El hoy diputado federal Héctor Serrano, ex secretario de Movilidad y de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Mancera, está en la mira de del Gobierno de la 4T luego de que se diera a conocer el descubrimiento de un “búnker’’ desde donde se espiaba no solo a López Obrador sino también a Marcelo Ebrard.
Serrano, que es uno de los líderes más importantes del comercio informal en el centro de la CDMX, compró desde el inicio de la gestión de Mancera un pleito personal en contra del hoy canciller.
La embestida en contra de Ebrard por las supuestas -o reales- fallas en la construcción de la línea dorada del Metro salieron de sus oficinas.
Por eso no fue extraño que hace unas semanas Serrano buscará la protección del PT, sumándose a su bancada para tratar de darle la presidencia de la Cámara de Diputados al impresentable Gerardo Fernández Noroña.
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La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió la unidad de sociedad y Gobierno para evitar que se atente en contra de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.
La gobernadora encabezó el foro digital “Acciones contra la Pornografía Infantil y el turismo sexual en México’’, en el que participó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y un grupo de senadores.
Pavlovich pidió unidad para evitar que niños y adolescentes sean explotados sexualmente a través de plataformas tecnológicas y otros métodos.
“Es el negoció más monstruoso y no debemos permitirlo’’, dijo.