Armando Arriazola Peto Rueda, próximo embajador de México en Bolivia si lo ratifica el Senado, llamó ayer la atención de los legisladores cuando narró la difícil situación por la que están pasando alrededor de 10 mil menonitas mexicanos residentes en el país gobernado por Evo Morales.

 

Resulta que aunque llevan asentados allá 50 años -a invitación de los gobiernos de entonces y tenían estatus de permanencia definitiva-, una nueva regulación migratoria les ha quitado su estatus, dejándoles tan sólo una visa de estancia provisional por dos años.

 

 

Además, aquellos que residen en la comunidad de Río Negro, donde compraron tierras, van a ser despojados de ellas. Primero les avisaron que la persona que les vendió las tierras no era el propietario. Entonces volvieron a comprarlas al dueño “real”. Ahora les avisan que tampoco vale porque el proceso de venta estaba “viciado”.

 

 

Según Arriazola, la cancillería mexicana ha dado “apoyo diplomático” a los afectados. Pero se requiere hacer más. El senador perredista Leonel Godoy sugirió que, además de acudir a instancias internacionales, bien valdría la pena pedirle al gobierno bolivariano algo de “reciprocidad”, pues en la época de las dictaduras, México acogió a muchos bolivianos.

 

 

SIMULACIÓN Y MENTIRA.- Luego que la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal con motivo de la expedición de la Ley General de Víctimas -concedió su suspensión-, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) lanzó un durísimo comunicado bajo el título: “Tres mentiras y traiciones del presidente Felipe Calderón a las víctimas de la guerra y la violencia en México: ProVíctima, Ley General de Víctimas y Memorial”.

 

 

En uno de sus párrafos, la organización presidida por Javier Sicilia señala que si en el caso de ProVíctima Felipe Calderón “prefirió la simulación a asumir su responsabilidad y compromiso”, en lo que tiene que ver con la Ley General de Víctimas “ha optado de plano por vetarla con argumentos leguleyos indignos de un jefe de Estado”. Y comunican al Ejecutivo que a pesar de su probada disposición a la palabra, el MPJD no se sentará a dialogar con el secretario de Gobernación ni con ningún representante del Ejecutivo en tanto éste no publique la Ley General de Víctimas.

 

 

TRAICIÓN A SUS DEMANDAS.- Recuerda el MPJD que mientras mantuvieron un diálogo abierto con el presidente Felipe Calderón, vieron multiplicarse las víctimas del país pero muy particularmente asistieron al asesinato de sus compañeros “y a la traición a nuestras demandas”. Y a renglón seguido refieren algunos casos:

 

 

Nepomuceno Moreno Núñez le expuso su caso al Presidente y le pidió protección, pero fue asesinado cuando a partir del encuentro con el titular del Ejecutivo confió en las autoridades y sumó a su causa mayor información sobre la desaparición de su hijo a manos de policías; los comuneros de Cherán, Michoacán, expusieron su caso frente al Presidente y desde entonces han muerto cinco de ellos y 13 han sufrido desaparición sin que a la fecha se conozca su paradero; Eva Alarcón y Marcial Bautista se incorporaron al MPJD y fueron desaparecidos cuando se encaminaban a una reunión con la Secretaría de Gobernación; los compañeros Pedro Leyva y Trinidad de la Cruz -este último caído en una emboscada a una caravana del MPJD- de la comunidad indígena de Ostula, fueron asesinados en el mismo periodo en que el MPJD dialogaba con las autoridades y sumaba pruebas contra la delincuencia”.

 

 

GEMAS: Regalito del presidente Calderón: “El santo y seña, la guía señera en la conducción del rumbo del país es seguridad, justicia y de bien común”.

 

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