Hoy está claro que cualquier cambio democrático en el poder de este país tendrá que ser por una diferencia electoral tan amplia que no deje margen de alguna decisión que tenga que transitar por el poder judicial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado posturas, que por decir lo menos, han resultado controversiales por su cercanía con los deseos presidenciales.
Tendremos que llamarlas coincidencias, de esas que en la política no existen, pero esta instancia judicial ha allanado el camino a los deseos de la cúpula de la 4T.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la pequeñez de la dirigencia de su partido, Morena, y habló de la necesidad de elegir a su dirigente por el método de la encuesta, el tribunal electoral coincidió con ordenar a ese partido político aceptar que el Instituto Nacional Electoral organizara ese ejercicio de consulta por ellos y que aceptaran el resultado.
Ahora que los adelantos de esos ejercicios de escrutinio señalan que Mario Delgado, el agraciado con la simpatía presidencial, nomás no emociona a las bases morenistas, el Tribunal Electoral recula de su propia decisión y revoca el proceso de relevo de la dirigencia de ese partido político.
La obviedad (o la extraordinaria coincidencia) se pinta sola y juega como un adelanto de cualquier decisión futura que pudiera involucrar una elección contraria a los intereses presidenciales.
Insisto, todo esto son meras coincidencias que alimentan las mentes de nosotros, los mal pensados. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe verse reflejada en ese espejo tras su controvertida decisión de dar validez a la consulta presidencial que tiene por objeto mantener la atención en los problemas del pasado, para evadir las dificultades del presente.
No es inocua la decisión de la Corte. No es simplemente permitir una consulta con una pregunta rebuscada que no lleva a ningún lado. Es, de entrada, el gasto de miles de millones de pesos en esta cortina de humo electoral que al final no resuelve nada.
Pero es el oneroso símbolo de que ese puerto tan necesario de confianza que es la certidumbre jurídica está comprometido.
Dentro del extenso catálogo de calamidades que pudieron haber cometido los Gobiernos anteriores, al menos los de este siglo, no está vulnerar la independencia de los poderes legislativo y judicial.
Y si bien, la falta de acuerdos entre los presidentes panistas y sus congresos opositores fueron un gran lastre para el país, al menos se fortalecieron las instituciones independientes. Desafortunadamente, la falta de resultados abrió la puerta a las tentaciones autoritarias.
El país de un solo hombre no será nunca una buena salida, la preservación de las instituciones debe ser fundamental. Claro, sin corrupción ni malos manejos. Pero la opacidad del caudillo todopoderoso solo esconde esos lastres, no los combate.
Sin confianza no hay desarrollo posible y ese abono a la certidumbre es algo que se juega hoy la Suprema Corte, más vale que se refleje en ese espejo de las decisiones judiciales en materia electoral.
@campossuarez