Son muchas las manifestaciones de impunidad y vacíos de autoridad que a diario se expresan en México. Una de ellas, entre las más palpables y generadora de importantes quebrantos para las finanzas públicas, es la creciente toma de casetas de cobro en distintas carreteras del país, un ilícito que está a punto de salirse de control.
Se trata de un fenómeno con varios lustros de existencia, que tuvo un punto de quiebre en 2017 y que se ha incrementado de manera exponencial estos dos últimos años. Un delito que ha provocado pérdidas multimillonarias para todo el sector carretero, entre los que se encuentra el Estado.
Tan sólo en 2019, se dejaron de percibir 3 mil millones de pesos. En 2020, al pasado 30 de septiembre, el quebranto ascendía a 3,150 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, que dirige Marco Frías.
El delito que representa bloquear una carretera o tomar una caseta de cobro se ha sofisticado en los últimos meses. Ya no son únicamente grupos sociales que reivindican exigencias puntuales, sino que, ahora, han surgido organizaciones dedicadas expresamente a esta actividad ilícita con la única finalidad de obtener recursos millonarios a costa de la gente, el Estado y la iniciativa privada.
En una charla con este espacio, Marco Frías dio a conocer que existe un promedio diario de 20 tomas de casetas, en las que se exige a los usuarios una “cooperación” que va de 50 a 100 pesos por automóvil. Los estados más afectados por este fenómeno son Michoacán, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Guerrero y Morelos.
Lo que hasta hace poco era percibido como un movimiento pacífico, la irrupción en estos espacios se ha visto acompañada de agresiones a automovilistas y operadores de casetas, con el uso de armas de fuego. Se han comenzado a registrar disputas entre organizaciones por el control de estas instalaciones, así como la manipulación de comunidades, a las que se utiliza para el boteo a cambio de una compensación económica.
Los esfuerzos de la autoridad y del sector carretero, que trabajan de la mano para detener este delito, han sido insuficientes. En muchas ocasiones, la fuerza pública se ve rebasada, al mismo tiempo que hay una falta de rigor en la judicialización de las denuncias que llegan a presentarse.
El llamado huachicol carretero se ha convertido en un fenómeno preocupante que tiene un impacto negativo en materia de seguridad pública, afecta la confianza de los inversionistas, opaca nuestra imagen internacional y genera pérdidas multimillonarias para el Estado, que, a fin de cuentas, es quien acaba perdiendo en esta inaceptable cadena de delitos que a diario se cometen en nuestras carreteras.
Segundo tercio. Como lo adelantó ayer 24 Horas en su nota principal de portada, el presidente López Obrador ha logrado amasar un sólido bloque electoral. De no suscitarse una catástrofe por el desaseado proceso de sucesión interna, Morena contará con cinco aliados en las elecciones de 2021. Además del Partido del Trabajo y del Partido Verde, se suman Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther Gordillo, Fuerza Social por México, de Pedro Haces, y el Partido Encuentro Solidario, de Hugo Eric Flores, que reúne a una serie de liderazgos religiosos.
Tercer tercio. Negado el registro a su partido México Libre, al expresidente Felipe Calderón sólo le resta la arena de las redes sociales y los medios de comunicación para hacer política.
@EdelRio70