Si James Bond quiere venir a espiar a México, tendrá que hacerlo antes de que los senadores aprueben las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional que propone el presidente López Obrador.
Tal iniciativa, es el resultado de la molestia presidencial por la investigación de la DEA que sirvió para detener al general Salvador Cienfuegos, en octubre pasado, de la que no se enteró ni por accidente el Gobierno mexicano.
Ahora, el Ejecutivo envió esta iniciativa que propone diversas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional y que limita el trabajo de los agentes extranjeros “únicamente al intercambio de información’’ y les prohíbe realizar tareas policiacas que competen exclusivamente a las autoridades mexicanas.
Por años, se ha dado por descontado que las capturas de los grandes capos del narco se han logrado gracias a las investigaciones y colaboración de agentes de la DEA, principalmente.
El último caso fue la detención del “Chapo Guzmán’’, en el que abiertamente se reconoció la participación de la agencia estadounidense de combate a las drogas.
La iniciativa entregada ayer a los senadores establece que los agentes extranjeros tendrán que acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y sólo podrán “desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas’’.
Los espías seguramente no querrán andar por ahí portando un gafete de acreditación ni mostrándolo cada vez que tengan una entrevista con un informante.
Además, ¿quién garantiza que algunas “autoridades’’ no caigan en la tentación de delatarlos con el enemigo?
Los agentes extranjeros no podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional.
Deberán abstenerse de realizar gestiones directas -por ejemplo, acudir a la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana- distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores “o de las dependencias que corresponda en los términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano’’.
Deberán reportar a la SRE toda la información que hayan obtenido además de presentar un informe mensual a la misma dependencia detallando cada una de sus acciones en ese mes.
No podrán realizar detenciones ni “inducir a terceras personas’’ al hacerlo, no podrán hacer allanamientos ni privar de la libertad a nadie y deberán abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro su vida.
Podrán portar las armas que les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional y, en caso de cumplir la ley, el Gobierno mexicano pedirá al Gobierno respectivo su retiro y quedará sujeto a las leyes que resulten aplicables en los términos de la Ley de Seguridad Nacional.
Aún no se conoce la postura oficial del Gobierno estadounidense -seguro que tocará a Joe Biden-, pero como está redactada, sin desconocer el interés de nuestro Gobierno por preservar la seguridad nacional, esta ley complicaría el trabajo de agentes externos de países aliados.
Es como una ley anti Bond.
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El presidente López Obrador insistió ayer en sobreponer “la integridad’’ a la preparación académica, la cual llamó “accesoria’’.
Seguro lo hizo porque sabía que le caería encima una cascada de comentarios en contra de la designación de Tatiana Clouthier como nueva secretaria de Economía, cuando en realidad tiene una licenciatura en literatura inglesa.
Clouthier jamás ha tenido contacto con la materia que ahora tendrá que regular; su cargo más importante, después de la diputación, es haber sido directora de una preparatoria.
Pero, como dijo alguien ayer en las redes sociales, si un agrónomo dirige Pemex, ¿por qué no una licenciada en letras en Economía? ¿Qué podría salir mal?
LEG