De verdad, no es por ser aguafiestas, pero el anuncio de que Rusia enviará a México 24 millones de la vacuna Sputnik-V, tiene muchos asegunes.

El primero es que la vacuna no cuenta aún con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, requisito indispensable para garantizar su seguridad.

En Rusia, la vacuna no se aplica a mayores de 60 años por sus efectos secundarios; ¿en México será para un sector de edad en específico?

Tampoco tiene la aprobación de la FDA, la agencia estadounidense que autoriza o no la utilización de casi todos los medicamentos; su visto bueno es indispensable pues se toma como la opinión de la agencia de investigación médica más rigurosa del mundo.

O por lo menos de nuestro continente.

Así que vale preguntar bajó qué criterios se aceptó la generosa ayuda del amigo Vladimir Putin.

No será raro que, una vez pactada la ayuda entre México y Rusia, la Cofepris -el organismo encargado de autorizar las nuevas sustancias médicas- dé su aprobación.

Lo mejor sería que el Gobierno publicara, como comenzó a demandarse ayer, los estudios de la tercera fase de la investigación sobre la vacuna rusa, para despejar cualquier duda.

De nada valdría tener la vacuna en el país -quién sabe cuándo llegue-, si la población no se querrá vacunar por desconfianza.

Mucho trabajo tiene por delante la Cofepris y la Secretaría de Salud si quiere convencer a los millones de mexicanos que la vacuna rusa es confiable, que su efectividad es mayor al 60% y sobre todo que el anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador no será una matrioshka política.

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Hace unos días comentamos en este espacio que el Gobierno federal investigaba a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., a la que Capufe había entregado un contrato millonario a pesar de las quejas de otras dependencias por su mal servicio.

Ayer la Secretaría de la Función Pública informó que resolvió sancionar con inhabilitación por un año y multa económica por un millón 433 mil 874 pesos a dicha empresa por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.

Jet Van ha sido una de las empresas que más contratos directos ha recibido en este Gobierno; sus ganancias son millonarias.

Además de la sanción impuesta por la Función Pública, corrió la versión de que uno de los accionistas del grupo, Cuauhtémoc Velázquez García, estaría siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presunto lavado.

Eso no quiere decir que el accionista sea responsable, pero de que el Gobierno ya le echó el ojo a la empresa consentida en los sexenios de Calderón y Peña, ni duda cabe.

Por cierto, ¿sancionarán a los funcionarios de Capufe que con todo y las quejas de otras dependencias contrataron a esta empresa?

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El próximo 16 de febrero el Senado aprobará la designación de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, y ese mismo día renunciará a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Moctezuma recibió el beneplácito del Gobierno de Joe Biden la semana pasada y solo es cuestión de mero trámite su comparecencia en el Senado mexicano.

Por lo pronto, Rafael Flores Mendoza, quien fuera jefe de la oficina de Moctezuma, renunció para competir por una diputación federal en Zacatecas, bajo las siglas de Morena, a invitación del candidato a gobernador David Monreal.

LEG