La tendencia sobre cómo avanzará el segundo juicio político en contra del ahora expresidente Donald Trump quedó de manifiesto hace un par de semanas en el Senado estadounidense, cuando la mayoría republicana votó por calificar de inconstitucional el proceso presidencial en contra de alguien que ya no ocupa dicho cargo.
Mañana, los copartidarios del multimillonario rechazarán la acusación de incitación a la insurrección que pesa sobre el hombre de 74 años, al menos para guardar la congruencia, pues el 26 de enero 45 de ellos (de 50) determinaron que el juicio no debía proceder.
En tanto, los demócratas cumplirán con su encomienda moral de señalar al exmandatario por sus acciones, a unos días de abandonar el máximo puesto de poder. Su argumento es que no puede salir ileso solo porque ya no ocupa la silla presidencial.
Sin embargo, a pesar de sobrevolar el pantano de su segundo impeachment sin manchar del todo su plumaje, al magnate inmobiliario le esperan otras cuentas por aclarar.
El expresidente podría ser inculpado ante la justicia penal, y enfrenta también múltiples demandas civiles. El neoyorquino, instalado en su lujosa residencia de Florida, es blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo, y tiene un ejército de abogados listos para defenderlo… o atacar a sus adversarios.
Devenido en simple ciudadano, arriesga al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, que desde hace meses batalla para obtener sus declaraciones fiscales y bancarias.
La investigación, que al inicio se centró en los pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016, ahora examina posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.
La Corte Suprema ordenó en julio a Trump que entregase al fiscal los documentos exigidos, pero sus abogados cuestionaron ante el máximo tribunal la amplitud del pedido. La Corte Suprema aún no ha fallado al respecto.
Trump ha calificado la investigación como “la peor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.
El dossier, instruido a puertas cerradas ante un gran jurado, parece avanzar pese a todo. Según la prensa estadounidense, los investigadores de Vance recientemente interrogaron a empleados de su compañía de seguros, Aon, y del Deutsche Bank, sostén financiero de Trump y su holding, la Organización Trump.
También volvieron a interrogar al exabogado de Trump, Michael Cohen, en prisión tras admitir que compró el silencio de dos presuntas amantes del expresidente… y que manipulaban el valor de sus activos para obtener préstamos.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
Voto popular
56% de los estadounidenses creen en condenar al expresidente Donald Trump y prohibirle postularse en 2024
80% de los republicanos se dicen en contra de condenar al exmandatario, según una encuesta de Ipsos/ABC News
Amigos y enemigos en el proceso
Donald Trump regresa al banquillo… y no está solo. Habrá personas que desempeñarán un papel clave en el juicio político que comienza mañana 9 de febrero.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asignó el juicio a un diverso grupo de nueve gerentes, todos legisladores demócratas. El grupo lo dirige Jamie Raskin, un académico constitucionalista.
Raskin, de 58 años, de Maryland, asume el mayor caso de su carrera en momentos en que lamenta la muerte de su hijo Tommy, quien se suicidó hace días.
A diferencia de su primer juicio, con brillantes abogados para representarle, Trump penó ahora para construir su equipo de defensa.
Tras una ola de renuncias, el magnate reclutó a David Schoen, un penalista de Alabama, y a Bruce Castor, quien fue fiscal de Pensilvania y se negó en 2005 a procesar por agresión sexual al cómico Bill Cosby, condenado 13 años después.
Schoen ha representado a figuras como Roger Stone, ultraderechista asesor de Trump; y a Jeffrey Epstein, condenado por explotación sexual de menores.
Los 100 integrantes del Senado fungirán como jurado, testigos y víctimas de la asonada al Capitolio el 6 de enero.
Frena Biden deportación exprés a Guatemala
Los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) alcanzados por Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras quedaron sin efecto.
Se trata de convenios que el Gobierno del expresidente Donald Trump firmó con esos países centroamericanos y que permitían la deportación de migrantes salvadoreños y hondureños desde EU hacia Guatemala, convertido en “tercer país seguro”.
El anuncio lo realizó este fin de semana Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden.
LEG