Ricardo Monreal abrió un debate, el de las redes sociales y su regulación, que ha sido objeto de todo tipo de reacciones, en su mayoría condenatorias, muchas de ellas provocadas por el fondo político que este tema podría tener y, otras, por la polarización en la que se encuentra la discusión pública en nuestro país. ¿Y si al Senador por Morena le asistiera la razón en cuanto a la necesidad de, al menos, analizar este fenómeno?
Muchas son las preguntas que han surgido en torno a la facultad que las empresas propietarias de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, entre otras) se han adjudicado para definir los límites y alcances en cuanto a la operación de cuentas personales. ¿Estas plataformas pueden, de manera unilateral, sin reglas claras, establecer los límites a la libertad de expresión? ¿La calumnia y las noticias falsas pueden ser sometidas a procesos regulatorios a través de la ley o se debe permitir que sean las industrias digitales quienes determinen cuándo sí o cuándo no?
De todos es sabido que el debate cobró relevancia global tras la decisión de Twitter de bloquear la cuenta del ex presidente estadounidense Donald Trump. En México, la preocupación se acrecentó cuando esta misma empresa procedió al cierre de perfiles afines al actual Gobierno.
Alejémonos de la crispación mexicana auspiciada en buena medida por el Gobierno y observemos lo que en otras latitudes se analiza. Por ejemplo, la Unión Europea (UE), una región del mundo que se caracteriza por una mayor madurez y tolerancia.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados y confiar en la buena voluntad de estas plataformas o en una interpretación ingeniosa de la ley; debemos fijar las reglas del juego y organizar el espacio digital con derechos, obligaciones y salvaguardas claras. Debemos restaurar la confianza en el espacio digital. Es una cuestión de supervivencia de nuestras democracias en el siglo XXI”, considera el Comisario para el Mercado Interior de la UE, el francés Thierry Breton.
El Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, sostiene que “la regulación de las plataformas digitales no puede hacerse por la propia oligarquía digital. La oligarquía digital es una de las amenazas que pesa sobre los Estados y sobre las democracias”.
Nadie podría negar que la libertad de circulación de contenidos en redes sociales debe tener límites establecidos por la ley cuando se afecten los derechos de menores de edad, se difundan mensajes de odio, se promueva el delito, se incite a la perturbación del orden público o se atente contra la seguridad nacional.
El reto que se impone es determinar los caminos legales e institucionales que una eventual regulación requerirá, además de establecer los criterios para posibles sanciones, sin que el Estado adquiera un rol de censor o el nuevo marco sea utilizado con fines políticos.
Lo que en la vida real está prohibido o regulado, también debería estarlo en el creciente mundo digital. El desafío no es menor, ya que está en juego, por mucho, la salud democrática del país. Enfrentarlo requiere, sin duda, visión de Estado, lo que a nuestra clase política, así ha quedado demostrado, le hace falta.
Segundo tercio. Un buen ejemplo de educación para el uso de las redes sociales lo está dando el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El lunes pasado se inició la Jornada de Prevención de Uso Responsable de las Redes Sociales.
Tercer tercio. El debate sobre este tema debería estar centrado en cómo sí se puede, con ánimo constructivo.
@EdelRio70